La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó cargos a seis miembros del Ejército Nacional y a un civil por presuntamente cometer 'falsos positivos'.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, les imputó cargos a seis miembros del Ejército Nacional y a un tercero civil por presuntamente cometer ‘falsos positivos’ en la zona del Catatumbo del territorio nacional, cuyas víctimas provenían de distintas regiones, entre esas del sur del Cesar.
Entre los oficiales están el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15; y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Según la investigación, ellos habrían participado en la ejecución extrajudicial de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Para esto aparentemente contaron con el apoyo a los antiguos oficiales de inteligencia de Ocaña el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, del cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, a quienes también le imputaron cargos.
“En los términos del negocio, a través de esta alianza entre uniformados y terceros civiles, estos últimos ubicaban, engañaban y reclutaban a los jóvenes para llevarlos hasta el Catatumbo. Las víctimas eran habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá (DC), Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander). Los uniformados y los terceros civiles tenían el propósito de que la población del Catatumbo no reconocieran la identidad de estas víctimas una vez fueran reportadas como bajas en combate”, relató la JEP.
La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó cargos a seis miembros del Ejército Nacional y a un civil por presuntamente cometer 'falsos positivos'.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, les imputó cargos a seis miembros del Ejército Nacional y a un tercero civil por presuntamente cometer ‘falsos positivos’ en la zona del Catatumbo del territorio nacional, cuyas víctimas provenían de distintas regiones, entre esas del sur del Cesar.
Entre los oficiales están el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15; y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Según la investigación, ellos habrían participado en la ejecución extrajudicial de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Para esto aparentemente contaron con el apoyo a los antiguos oficiales de inteligencia de Ocaña el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, del cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, a quienes también le imputaron cargos.
“En los términos del negocio, a través de esta alianza entre uniformados y terceros civiles, estos últimos ubicaban, engañaban y reclutaban a los jóvenes para llevarlos hasta el Catatumbo. Las víctimas eran habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá (DC), Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander). Los uniformados y los terceros civiles tenían el propósito de que la población del Catatumbo no reconocieran la identidad de estas víctimas una vez fueran reportadas como bajas en combate”, relató la JEP.