Ha tomado una acertada decisión el presidente Iván Duque al regularizar, oficializar y legalizar la situación de los hermanos venezolanos que están en el país. Algunos sectores, que poco se expresarán, no estarán conformes con la decisión pues en medio de la cruda pobreza, acentuada por el coronavirus y la ansiedad por la vacunación, se ha generado un ambiente, que no lo había hace algunos años, de resistencia a la población migrante,  que podría comprometer la esperanza de nacionales colombianos.

Pero esos esperamos sean la minoría, por lo menos en la costa Caribe, no debido al parecido hablar, es porque el pueblo costeño, más agobiado por la pobreza, encontró en Venezuela desde hace 60 años un lugar al cual ir y hallar una oportunidad. En Caracas había manzanas de villanueveros,  pacíficos o codacenses.  Buena parte de los venezolanos en la región son hijos de colombianos que han vivido allá, los que suelen traer a los mayores al territorio patrio. Ahora han llegado también los relacionados y los más allegados y han ‘construido’ extensas familias colombo-venezolanas. 

Entonces el presidente lo que hizo fue reconocer con determinación una situación ya viva en calles y barrios colombianos. El paso corresponde en buena medida a una convicción humanitaria y solidaria, y a una estrategia política, el distanciamiento radical del gobierno de Maduro,  que explica la paradoja de “una decisión arriesgada electoralmente, llamativa por provenir de un Ejecutivo conservador cuando los partidos de derecha en el mundo tienden a un discurso antiinmigración al descubrir que es rentable en las urnas” , según afirmó la politóloga Sandra Borda para el periódico español El País.

El  Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos es un plan para integrarlos  y permitirles acceder con mayor facilidad a trabajo formal, educación o salud, justamente en vísperas  de la inmunización  frente a la covid-19 y permanecer sin problemas por 10 años;  no da nacionalidad pero sí  igual condición de un colombiano salvo el derecho al voto.

Beneficiará a un millón 800 mil  venezolanos que se estiman hay, de los que casi un millón son aún irregulares sin permiso alguno de estadía, por lo que en una primera etapa se deberán registrar y luego obtener el PPP, un permiso de protección personal. Mientras en 2014, al iniciar el presidente Santos su segundo mandato, había 25 mil migrantes, al terminar su gobierno, en el 2018, eran un millón 200  mil. Bajo el gobierno de Duque la cifra había superado el millón 800 mil antes de la pandemia. Lo que representa una tercera parte de la gran y reciente diáspora venezolana en América Latina.  

La decisión le generó aplausos a Duque en el exterior, desde la ONU hasta los Estados Unidos, al colocar a Colombia como el país más generoso con el venezolano.  

“El anuncio le permitió a Duque cambiar el foco del debate público en momentos en que los numerosos críticos de su Gobierno le reclamaban el recrudecimiento de la inseguridad,  el asesinato de líderes sociales y excombatientes reincorporados de las FARC y el rezago en la vacunación frente a otros países de la región”, dijo El País.