Cuando en marzo de 2017 era más que evidente que el contrato para la construcción del Campus Cesar de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz, como contrato de obra, no reportaba avances desde julio de 2016, según el portal SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), donde las entidades estatales […]
Cuando en marzo de 2017 era más que evidente que el contrato para la construcción del Campus Cesar de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz, como contrato de obra, no reportaba avances desde julio de 2016, según el portal SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), donde las entidades estatales están obligadas a publicar su actividad contractual, por iniciativa del entonces contralor General de la República Edgardo Maya Villazón, se creó una veeduría ciudadana cuya finalidad estaba dada en lograr que el contratista avanzara en la obra y la concluyera; pero más importante aún que los recursos del Sistema General de Regalías comprometidos prestaran por fin una utilidad pública.
Finalizando el mes de mayo del año 2017, se formalizó la veeduría ciudadana al mencionado proyecto de construcción, integrada por Alfonso Araujo Cotes, Emilio Araos, Francisco Fuentes, Gustavo Gnecco, Hernán Cabello y Ernesto Altahona, presidida por Araujo Cotes; para ser claros y decir las cosas por su nombre el contratista no había cumplido con los cronogramas de obras y por ende con el objeto contractual.
El panorama mostraba que el contrato de obra para la construcción de la sede en mención había sido celebrado en el 2013, pero la realidad era que a la referida contratación la acompañaba la constante de las prórrogas y de las adiciones y un contratista que parecía no entender que los contratos son para cumplirse dentro de los plazos de ejecución establecidos.
Para Ignacio Mantilla Prada, entonces rector de la Universidad Nacional de Colombia, entidad que ejercía la interventoría del contrato de obra de la sede hoy apreciada por todos, y para Francisco Ovalle Angarita, entonces gobernador del Cesar, entidad contratante y supervisora del mismo contrato, la presencia de la veeduría que presidió Araujo Cotes y conformó el grupo de excelentes y expertos profesionales, Araos, Fuentes, Gnecco, Cabello y Altahona, fue determinante en lograr lo que antes de ese rol de veedores desde el rol de interventoría y supervisión no se había logrado; es decir, nada más y nada menos que la terminación de la obra.
¿Cuál fue la importancia de esa veeduría? Primero, se constituyó dentro del marco normativo de una veeduría ciudadana y con unos miembros con capacidad técnica (abogados, ingenieros y arquitectos); segundo, los veedores mostraron experiencia y suficiencia para opinar de los temas, hacer observaciones y exigir avances y resultados, y por último se hizo un control ciudadano que tenía como reto el avance del contrato de obra y la culminación de la sede de la Universidad Nacional en el Cesar. Esa veeduría entendió la competencia de la Contraloría General de la República, que en lo local tuvo como articulador a Juan Jaime Celedón Sánchez, gerente para la época del órgano de control fiscal en el Cesar.
No hay nada que resulte más frustrante para el ciudadano del común que ver que de prórroga en prórroga se dilata el cumplimiento de un contrato. La obra de la Nacional se culminó, los recursos de regalías están cumpliendo con la utilidad pública correspondiente y hoy nadie pone en duda que es la obra más importante del Cesar de las financiadas con recursos de regalías. Pero además esa veeduría logró hacerle entender al contratista de la obra que todo particular que maneje recursos públicos, en calidad de contratista, debe entender su condición de colaborador del Estado y de la Administración Pública en el cumplimiento de los fines estatales.
Se tardó 4 años, 11 meses y 17 días para que se pudiera entregar la obra de la sede de la Universidad Nacional; el gobernador Ovalle Angarita en septiembre de 2018 señaló que en el 2016 la obra en mención tenía una ejecución del 17 % y destacó el trabajo del excontralor Edgardo Maya Villazón, quien en el 2017 conformó la veeduría ciudadana que ayudó a sacar adelante el proyecto.
A propósito de las obras que se financian con recursos de regalías, lo importante es que cumplan con una utilidad pública, lo demás es loma y discursos. Que mejor que el control ciudadano y agradecerle a esos señores que cumplieron ese rol de veeduría.
Cuando en marzo de 2017 era más que evidente que el contrato para la construcción del Campus Cesar de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz, como contrato de obra, no reportaba avances desde julio de 2016, según el portal SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), donde las entidades estatales […]
Cuando en marzo de 2017 era más que evidente que el contrato para la construcción del Campus Cesar de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz, como contrato de obra, no reportaba avances desde julio de 2016, según el portal SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), donde las entidades estatales están obligadas a publicar su actividad contractual, por iniciativa del entonces contralor General de la República Edgardo Maya Villazón, se creó una veeduría ciudadana cuya finalidad estaba dada en lograr que el contratista avanzara en la obra y la concluyera; pero más importante aún que los recursos del Sistema General de Regalías comprometidos prestaran por fin una utilidad pública.
Finalizando el mes de mayo del año 2017, se formalizó la veeduría ciudadana al mencionado proyecto de construcción, integrada por Alfonso Araujo Cotes, Emilio Araos, Francisco Fuentes, Gustavo Gnecco, Hernán Cabello y Ernesto Altahona, presidida por Araujo Cotes; para ser claros y decir las cosas por su nombre el contratista no había cumplido con los cronogramas de obras y por ende con el objeto contractual.
El panorama mostraba que el contrato de obra para la construcción de la sede en mención había sido celebrado en el 2013, pero la realidad era que a la referida contratación la acompañaba la constante de las prórrogas y de las adiciones y un contratista que parecía no entender que los contratos son para cumplirse dentro de los plazos de ejecución establecidos.
Para Ignacio Mantilla Prada, entonces rector de la Universidad Nacional de Colombia, entidad que ejercía la interventoría del contrato de obra de la sede hoy apreciada por todos, y para Francisco Ovalle Angarita, entonces gobernador del Cesar, entidad contratante y supervisora del mismo contrato, la presencia de la veeduría que presidió Araujo Cotes y conformó el grupo de excelentes y expertos profesionales, Araos, Fuentes, Gnecco, Cabello y Altahona, fue determinante en lograr lo que antes de ese rol de veedores desde el rol de interventoría y supervisión no se había logrado; es decir, nada más y nada menos que la terminación de la obra.
¿Cuál fue la importancia de esa veeduría? Primero, se constituyó dentro del marco normativo de una veeduría ciudadana y con unos miembros con capacidad técnica (abogados, ingenieros y arquitectos); segundo, los veedores mostraron experiencia y suficiencia para opinar de los temas, hacer observaciones y exigir avances y resultados, y por último se hizo un control ciudadano que tenía como reto el avance del contrato de obra y la culminación de la sede de la Universidad Nacional en el Cesar. Esa veeduría entendió la competencia de la Contraloría General de la República, que en lo local tuvo como articulador a Juan Jaime Celedón Sánchez, gerente para la época del órgano de control fiscal en el Cesar.
No hay nada que resulte más frustrante para el ciudadano del común que ver que de prórroga en prórroga se dilata el cumplimiento de un contrato. La obra de la Nacional se culminó, los recursos de regalías están cumpliendo con la utilidad pública correspondiente y hoy nadie pone en duda que es la obra más importante del Cesar de las financiadas con recursos de regalías. Pero además esa veeduría logró hacerle entender al contratista de la obra que todo particular que maneje recursos públicos, en calidad de contratista, debe entender su condición de colaborador del Estado y de la Administración Pública en el cumplimiento de los fines estatales.
Se tardó 4 años, 11 meses y 17 días para que se pudiera entregar la obra de la sede de la Universidad Nacional; el gobernador Ovalle Angarita en septiembre de 2018 señaló que en el 2016 la obra en mención tenía una ejecución del 17 % y destacó el trabajo del excontralor Edgardo Maya Villazón, quien en el 2017 conformó la veeduría ciudadana que ayudó a sacar adelante el proyecto.
A propósito de las obras que se financian con recursos de regalías, lo importante es que cumplan con una utilidad pública, lo demás es loma y discursos. Que mejor que el control ciudadano y agradecerle a esos señores que cumplieron ese rol de veeduría.