Desde que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió el cargo ha intentado infructuosamente la privatización de las dos joyas de la corona: Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S. A., con el propósito de tapar el hueco fiscal del Gobierno central. La férrea oposición que tuvo que enfrentar en el Congreso de la República y la reacción en contra de la opinión pública arruinaron sus planes. 

A pesar de las acrobacias del ministro Carrasquilla para maquillar y disimular el déficit fiscal pagando deudas con deudas, mediante la emisión de TES  y recurriendo al ardid de la contabilidad creativa, haciendo pasar el gasto corriente por financiamiento, tuvo que solicitar al Comité Consultivo de la Regla fiscal la dispensa para su flexibilización primero y su suspensión después, ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo de meter en cintura el déficit fiscal estructural que acusa el Gobierno central.

Han sido muy variados los argumentos que se han esgrimido para privatizar los activos de la nación. Esta vez la insistencia en vender el 51.4 % de la participación accionaria de la nación en ISA es, sin ambages, solo para cuadrar caja. Antes se aducía que el Estado es pésimo administrador y por ello era mejor que las empresas las administrara el sector privado, luego, como ello no se podía predicar de Isagen, la privatizaron con la falsa promesa de cambiar un activo de generación por las vías de cuarta generación. Pero, esta vez, sin ambages, de lo que se trata es de cuadrar caja. 

Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el presupuesto para la vigencia 2021 se aprobó con un desfinanciamiento de $39.1 billones y se previó en el mismo que $12 billones se procurarían teniendo como fuente “ingresos por disposición de activos”. Y estos, como ya quedó dicho tienen nombre propio, en primera instancia ISA. El previsivo ministro Carrasquilla se adelantó a expedir, al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social, el Decreto legislativo 811 de 2020, el cual deja abierta, en su artículo 10, la posibilidad de la enajenación accionaria entre entidades estatales.

Esta jugada maestra del ministro Carrasquilla es la que le permitirá la enajenación de ISA sin su privatización. Tres entidades estatales pujan en este momento por adquirir la participación accionaria de la nación en ISA y de esta manera hacerse al control de la misma. Son ellas, las EPM de Medellín, el Grupo Energía Bogotá y Ecopetrol. Esta, ya ha oficializado su oferta y de darse este sería un enroque que, al tiempo que le significaría ingresos frescos a la nación por $7 billones, aproximadamente, para financiar su déficit, no se desprende de dicho activo habida cuenta que Ecopetrol es de la nación. Ecopetrol por su parte, de concretarse esta operación, se consolidaría como un conglomerado energético, muy a tono con la transición energética en cuya hoja de ruta cumple un rol preponderante.