Envuelta en una sábana y encima de piedras fue encontrada una bebé de pocas horas de nacida en un lote baldío en el barrio Panamá de Valledupar, en hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre cuando la mayoría de las familias celebraban la Nochebuena.  

Ese día Joan Manuel Méndez Machena, habitante del sector, salió a comprar una cubeta de hielo y en el trayecto escuchó el llanto de la infante; al darse cuenta de qué se trataba dio aviso a las autoridades, siendo el caso atendido por la Policía de Infancia y Adolescencia.

Victoria, como fue bautizada la pequeña bebé, actualmente se encuentra hospitalizada en una clínica de la ciudad bajo supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Días antes, en similares condiciones, el 5 de diciembre en el barrio Alta Gracia de Valledupar una adulta mayor encontró en la terraza de una vivienda a un bebé de tan solo horas de nacido.  Igualmente ella puso en conocimiento a la Policía, quienes se encargaron de iniciar las labores de restablecimiento de derechos en conjunto con el ICBF.

Hasta el momento en ninguno de los dos casos se conoce quiénes fueron las madres que decidieron no asumir la responsabilidad de la crianza de estas criaturas.

¿Pero qué pasa con estos niños?, ¿quién se hace cargo de ellos?  El director del ICBF, regional Cesar, Gabriel Castilla Castillo, indicó que cuando este tipo de casos suceden son llevados al servicio médico para valorar su estado de salud, que por lo general está a cargo de la Policía al ser estos los primeros en ser avisados por la comunidad que se percata de la situación o en otros casos la misma comunidad es quien los lleva al hospital.

Una vez son avisados del menor abandonado, la situación pasa a manos de una defensoría de familia, siendo esta la autoridad administrativa encargada de representar al bebé, hacer un seguimiento a las garantías de salud y luego pasa a una medida de protección por parte de la institución y luego a un hogar sustituto.

“Al estar en un hogar sustituto con todas sus garantías se inicia un proceso de investigación para determinar si es posible el retorno del bebé a su familia de origen, con la asesoría y trabajo psicosocial necesario para que esos padres se vean  abocados a enfrentar una situación tan dura y tan triste como esta”, explicó el funcionario.

Además acotó que si lo anterior no se logra, el menor de edad sigue bajo los cuidados del ICBF hasta que se logre una medida definitiva como un hogar de base, familia ampliada o un hogar de protección.

“Los hogares de paso tienen características diferentes para estos casos, aquí son hogares sustitutos  conformados por personas previamente certificadas y evaluadas por el ICBF. Son madres sustitutas que llevan muchos años con el instituto adelantando estas tareas con niños que reciben y les dan acompañamiento que requieran; en esa situación podría estar el bebé hasta los 18 meses o más mientras que el defensor de familia, posterior a la investigación que adelante, pueda tomar una medida definitiva”, manifestó Castilla Castillo.

Añadió que si el defensor de familia en la investigación no encontró a la familia de origen, procede con la declaratoria de adoptabilidad del niño que finalmente lo decide un juez.

“Una vez el niño sea declarado en adoptabilidad se pone en ‘oferta’  que tiene el ICBF como la instancia competente en el país para procesos de adaptación. Al ICBF llegan las familias interesadas en adoptar; son familias que se postulan con previa antelación a quienes se les adelanta un riguroso estudio. Toda esta información se cruza, tanto los niños para adopción como las posibles familias adoptantes para que en un comité de adopción se tome la decisión de asignación de bebé”, refirió el funcionario.

Subrayó que en el Cesar la adopción es una medida relativa, pero sí se entregan niños en adopción y pueden pasar 20 en el año; esto depende de las edades de los niños y de las condiciones de las familias aspirantes a adoptar porque deben cumplir requisitos estrictos. 

“Las adopciones son indeterminadas, es decir, que las familias no tienen la opción de escoger el niño a adoptar, eso lo define el Comité de Adopción”, puntualizó el director del ICBF, regional Cesar, Gabriel Castilla Castillo.

PENA POR MÁS DE 6 AÑOS DE PRISIÓN

De acuerdo con el abogado penalista Rodrigo Pinto, el abandono de menores de edad o de cualquier persona que no pueda valerse por sí mismo está tipificado en el Código de Procedimiento Penal, en los artículos 127 y 128.

“También se considera el abandono emocional y físico. La pena privativa es de 2 a 6 años, pero puede aumentar hasta en una tercera parte debido a que el agravante puede ser que la persona que decidió dejar abandonado al niño lo haga en un lugar despoblado como fue el reciente caso sucedido en la ciudad. Por lo general estos hechos se denuncian contra una persona indeterminada porque esos bebés que se encuentran no se sabe su nombre, se desconoce el paradero de los padres o quiénes son las personas cercanas de su familia”, detalló el jurista.

PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN DE REFUGIOS

En septiembre de este año las congresistas de la bancada conservadora, Emma Claudia Castellanos, Esperanza Andrade y la representante Ángela Patricia Sánchez radicaron un proyecto de ley para crear refugios en los que se puedan dejar a menores de cinco meses para que sean cuidados y eventualmente dados en adopción.  La propuesta se basa en apoyar a las madres durante el embarazo y en los primeros cinco meses de vida del recién nacido para evitar el abandono.

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través de sus líneas gratuitas, brindarán el apoyo y la orientación psicosocial y jurídica a las mujeres que tras un embarazo no deseado requieran de orientación con el fin de no abandonar al menor recién nacido o que está por nacer.

“También tendrán a cargo establecer un formato único de registro de los casos, que permita brindar una atención integral y hacer el debido seguimiento. La entrega de un recién nacido al ICBF se constituye en la última instancia a la que se debe llegar una vez surtido el proceso de apoyo y orientación psicosocial y de orientación, en el cual se hará el registro y reporte respectivo”, se lee en apartes del proyecto de ley.

POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ/ EL PILÓN