Rapiña: “Robo o saqueo realizado con violencia aprovechando un descuido o la falta de defensa”. Es una vergüenza nacional que esta sea la palabra que mejor define lo que pasa en la Universidad Popular del Cesar.

Mientras con insultos, jugadas turbias, violencia y extorsiones, clanes políticos y económicos se pelean el control de la principal institución de educación superior del Cesar, sus bases, sus objetivos, sus principios, se diluyen en la sombra.

Por la codicia y ambición de unos pocos, hace años la Universidad Popular del Cesar está sumida en los últimos lugares en las calificaciones de calidad. No hay futuro, no hay proyecto, no hay liderazgo. Solo objetivos ambiciosos que llevan a que al año pasen por la silla de rectoría desde 3 hasta 4 personas.

Pero, ¿por qué es tan apetecida la Universidad Popular del Cesar? Por supuesto no es el deseo de transformarla. Solo en el 2019, la UPC manejó un presupuesto de $80.760 millones, el 47 % recursos propios.

Ese presupuesto casi dobla lo destinado desde el Sistema General de Participación, SGP, para Aguachica en el 2019, cinco veces más que Curumaní y hasta nueve veces más que lo destinado desde el SGP para Tamalameque. A eso se le suman las obras por más de $35.000 millones que se realizarán en la institución para los Juegos Bolivarianos 2022.

Es una pequeña Gobernación, o república independiente, como señaló jocosamente un estudiante, llena de pequeños dictadorzuelos ansiados de poder y dinero.

El llamado es a las fuerzas independientes. Primero, a los estudiantes: les están robando el derecho a recibir una educación de calidad. Es hora de actuar, de demostrar que ustedes son los dueños de la universidad, no los clanes políticos.

Al Gobierno nacional: no es hora de tomar partido entre quienes se disputan el control. No, ahora la responsabilidad mayor es salvar al principal centro educativo del departamento.

Raya en la malvada premeditación el ejercicio de prácticas en la Universidad que cuestionan su esencia: la de formar jóvenes éticamente poderosos, antes que disciplinados profesionales. Personas que por sus valores sean rectas, transparentes, con valores humanos para ser buenos padres, buenos familiares y buenos ciudadanos.  ¿Qué se le ofrece a los estudiantes, y a sus representantes, que son el gran objeto final del proceso educativo, cuando se les atrae a la alianza,  a cambio de participación en unos contratos y en sus coimas o en cargos para los allegados? Así, igual, con los docentes, los gremios, los egresados;  los estamentos que participan de un Consejo Superior.

Reiteramos el llamado a la nación, al gobierno departamental, a los congresistas, a las fuerzas ciudadanas, a los gremios, exrectores y egresados y medios de comunicación, a hacer ‘un pacto público y transparente’ – y en eso el sr presidente de la república y su ministra y el gobernador pueden jugar un gran papel – para sacar de la UPC la politiquería destructora.

Mientras la universidad privada se concentra en lo que debe hacer bien como lo expondremos en el foro sobre Educación Superior  que convocamos  junto al Área Andina y La Sergio Arboleda.