El tema arrancó mal, hace algo más de un año, el 16 de septiembre, dijimos en el editorial ‘El Tribunal Administrativo del Cesar ayuda mal a los yukpas’ que, “en fallo de tutela en primera instancia ha considerado que una actuación del ejecutivo sustrayendo un área de reserva forestal para la evaluación de una modificación del Plan de Manejo Ambiental que adelanta la Operación Integrada de La Jagua, que no es sino una ampliación de la explotación en curso, para un depósito de tierra, debe caer porque se traslaparía con ese pretendido territorio, que no ha delimitado oportunamente la Agencia Nacional de Tierras.

Un grave precedente porque cualquier proyecto como una carretera, que requiere una concesión minera, para el uso de la piedra, estaría sometida a una engorrosa consulta, cuando no hay delimitación oficial sino la que ya de antemano – y sin prueba ni proceso de concertación con la mayoría de la población- fijaron los yukpas. A ellos los acompañamos pero, con todo respeto, se les está yendo la mano”.

Reiteramos la defensa de los indígenas, como política editorial del periódico. “En Perijá la presencia y vocería de los yukpas se había venido desvaneciendo por décadas, fruto de la pobreza, del proceso de colonización campesina; el avance del café y el surgimiento de la bonanza marimbera, del conflicto armado, y una mayor población y reconocimiento de derechos en Venezuela. Se llegó a decir, al iniciar el siglo, que en lo alto de Codazzi y Becerril, apenas se mantenían yupkas.

Pero con ocasión del proceso con las Farc, nos sorprendimos de que los yukpas se oponían al establecimiento de espacios de reincorporación en la serranía y acudía presurosa la Procuraduría General, de Alejandro Ordoñez, un franco opositor al proceso con interés político (…). Consulta previa con indígenas yukpas es indispensable”, dijo Ordoñez en julio de 2016 a EL PILÓN. Alentados por el organismo, pidieron que todo proceso agroindustrial, zonas campesinas, parques naturales o proyectos mineros a lo largo de Perijá debían serles consultados”, afirmó EL PILÓN.

Ahora el alcalde de La Jagua Ovelio Jiménez, según informamos ayer, recogiendo el clamor de su población que se movilizó para pedir la reactivación de la actividad minera de Prodeco y CNR y la no autorización por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de una larga suspensión solicitada por la primera del Proyecto Integrado de La Jagua,  halló razonable pedir a la Corte Constitucional que se seleccione para revisión la mencionada tutela, confirmada por el Consejo de Estado; pues, al no poder usar el botadero El Palomo, como se ha confirmado técnicamente, le resulta imposible a aquélla continuar la extracción.   Una posición razonable y clara del alcalde, que,  manifestando respeto por la comunidad  indígena, dice sorprenderle que se indique en los fallos, “que se ve impactada por un proyecto que tiene lugar en la jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, cuando dicha comunidad no tiene ningún asentamiento ni resguardo localizado en este municipio, lo cual certifico como primera autoridad”.