En realidad, hay múltiples porqués que perpetúan la crisis del Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL) de la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar. La raíz matriz de tal situación es la corrupción, en la cual siempre se involucran varios actores, tanto del sector gubernamental como del privado. Además, de otros inescrupulosos y algunos de estos últimos actúan libremente; es decir, sin nexos con ninguna de las dos esferas aludidas.

Por el anterior contexto, la Constitución de 1991, en uno de sus artículos transitorios ordena cambiar el sistema de salud colombiano, porque era injusto y vulneraba el derecho humano a tener adecuada atención de la salud, que entonces en nuestro país tenía baja cobertura y difícil acceso, especialmente a la gente pobre residente en el área rural.

Con el argumento de mejorar tan terrible situación, el Congreso aprobó la Ley de 1993, con la cual, a pesar de las múltiples reformas que le han realizado, se sigue rigiendo el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de modelo neoliberal que, si bien ha incrementado la cobertura de la atención de la salud de los colombianos, todavía permite el mismo despilfarro y desvío del dinero de la salud a los bolsillos de terceros arribistas.

Los objetivos de la Ley 100 de 1993 se encaminaban a regular el servicio público esencial de la salud y crear condiciones de acceso a toda la población al servicio de todos los niveles de atención, bajo los principios de solidaridad, integralidad, equidad, eficiencia, participación con sentido de pertenencia y universalidad (meta de cobertura del 100 % para el año 2001).

Aunque se pronosticaba un enorme impacto positivo en el mejoramiento de la calidad por la competencia de las IPS y EPS del sector oficial y el privado a través de la modalidad del subsidio a la demanda en vez del tradicional subsidio a la oferta. Los resultados no han sido los esperados porque el dinero para la salud lo han escamoteado en diversas formas los diferentes actores, más las EPS que reciben el recaudo de las cotizaciones del régimen contributivo y del régimen subsidiado.

Los principios del SGSSS fueron un sofisma de distracción de políticos y poderosos empresarios para abusar del presupuesto destinado a la atención de la salud, en cuyo desfalco, la competencia no es por la mejor calidad, sino por quien ofrece mayor coima por la prestación de servicios o al revés; es decir, acepta menor pago en el convenio. Entes de control y vigilancia débiles, por ende, a los afiliados a las EPS los obligan a interponer tutelas para la entrega de medicamentos y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

La depredación del erario del SGSSS ha sido enorme, ejemplos: las extravagancias del liquidado SaludCoop, el cartel de la hemofilia, la elusión en el pago de las cotizaciones de los afiliados, la suplantación de usuarios, el recobro inflado de las EPS al Fosyga (no sé si le cambiaron el nombre en las tantas reformas realizadas a la antedicha Ley 100), para el reembolso de los costos de los servicios prestados y de los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y demás desbarajustes.

En esta compleja corruptela los más perjudicados son los afiliados pobres, los trabajadores y los profesionales de la salud. A los afiliados pobres cuando se enferman les toca hacer colas desde la madrugada para recibir atención oportuna, sufren paseos de la muerte y otras inclemencias. A los trabajadores y profesionales de la salud, les imponen salarios indignos y demoran varios meses en pagárselos, si protestan los despiden porque hay muchos desempleados esperando la oportunidad.