El pasado lunes festivo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció a los colombianos una nueva reforma tributaria para el año 2021, ya que se necesitan unos $20 billones adicionales para pagar la deuda y reactivar la economía del país.

Esta noticia que ha caído como un baldado de agua fría, significa que los colombianos tendremos que pagar más impuestos el año entrante en medio de una caída de ingresos, aumento de servicios públicos y pagos de intereses congelados de créditos bancarios. Claramente, esto va a traer como consecuencia una tremenda reducción del consumo y del gasto en los hogares y empresas de los sectores productivos del país. En lenguaje parroquiano, nos toca apretarnos el cinturón.

La otra alternativa que está explorando el gobierno es recortar las exenciones del sistema tributario que hoy suman $92.4 billones. Para ello, ha designado un grupo de economistas expertos internacionales y nacionales, quienes buscaran los mejores mecanismos que reduzcan el impacto fiscal de los tratamientos preferenciales a los contribuyentes en rentas exentas, descuentos tributarios, deducciones de activos fijos y productos y servicios excluidos del IVA en los sectores inmobiliario, financiero, salud, educación y agricultura, entre otros.

El tema de análisis que no veo dentro de la agenda de este grupo de sabios es la reducción del gasto en funcionamiento y de muchísimos programas de inversión pública que no están teniendo un impacto importante en la reducción del costo país, aumento de la productividad y generación de empleos productivos. Llegó la hora de adelgazar o eliminar  las costosas nóminas y gastos de mantenimiento en bienes ostentosos (vehículos blindados, oficinas, viajes en primera clase) de muchísimas entidades públicas, entre ellas, el Congreso de la República, la Unidad Nacional de Protección, la JEP y el Consejo Superior de la Judicatura.

Nadie quisiera estar en estos momentos en los zapatos del juicioso ministro Carrasquilla, pues son decisiones impopulares y dolorosas, pero necesarias para poder atender la emergencia en salud pública, el ingreso solidario y la emergencia económica y empresarial. El gobierno piensa que con un déficit fiscal del 8 % no hay otra alternativa que subir impuestos. Que yo sepa, ningún país ha sido próspero con subidas fiscales.

Con todo el respeto que se merecen los expertos en esta materia, creo que en Colombia, el problema no es tanto la baja imposición, sino el desempleo de 4.5 millones de colombianos. El presupuesto no puede equilibrarse sin tener en cuenta este tremendo problema. Está demostrado que aumentar los impuestos no mejora el déficit.

Una manera de lograr más recaudo con las tributaciones es teniendo una economía progresiva. En Colombia necesitamos tener más gente trabajando en empresas que tengan beneficios para crecer el recaudo. Lo que Colombia ha estado haciendo, y lo digo con mucho respeto, es gravar a las personas que trabajan para mantener a la gente que no trabaja. Por eso cada día, hay más personas en nuestro país que no trabajan esperando la mesada de papá gobierno.

Es preferible aplicar la teoría de Abraham Lincoln, quien decía que: “No puedes otorgar la fuerza al débil debilitando al fuerte; no puedes ayudar al pobre arruinando al rico”.