Se realizó esta semana un importante foro en Valledupar, sobre el tema de las regalías, en particular sobre el proyecto de acto legislativo 013 (es decir una reforma constitucional), que cambia de manera radical la distribución de estos recursos fiscales del Estado y que afecta, de manera sustancial, la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de los municipios y departamentos productores de petróleo y carbón, entre estos últimos, lógicamente, están El Cesar y la Guajira.
El foro fue organizado por el Comité Cívico de Defensa de las Regalías y el Gobierno departamental, y contó con la destacada participación del economista y expresidente del Congreso, Amylkar Acosta Medina, una reconocida autoridad en la materia, y el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, también experto en temas económicos y quien se ha caracterizado por realizar unos debates bien documentados en el Senado.
También participaron en el Foro, el experto Alfredo Coronado, funcionario de la Gobernación del Cesar, el Presidente de la Asamblea Departamental, Gustavo Aroca Dajil, y una nutrida representación de voceros de las comunidades de los municipios productores cuyas vidas se verán afectadas con la propuesta oficial. Este es el primero de cinco foros en total.
La realidad es que el proyecto de acto legislativo 013 avanza con mucha fuerza en el Congreso de la República, por tratarse de una reforma a la Constitución requiere ocho debates, de los cuales se han surtido cuatro: dos en Cámara (en comisión y en plenaria), y los otros dos reglamentarios en el Senado, comisión y plenaria, respectivamente.
El propio Senador Jorge Robledo reconoce que, hasta ahora, es poco lo que se ha podido hacer; el gobierno ha impuesto sus mayorías con un argumento contundente: que las regalías que hoy reciben sólo los departamentos y municipios productores se distribuyan a todo el país, manejadas por el gobierno central, a través de cinco fondos que – teóricamente- deberán propender por el desarrollo de las regiones.
Pero, con todo respeto, esa es la teoría, insistimos; en la práctica, este proyecto es un retroceso en materia de autonomía e independencia de las finanzas y el desarrollo territorial y representa un volver atrás en el manejo de los recursos del Estado; recursos que, como establece hoy la Constitución de 1991, son propiedad de las regiones.
El principal mensaje de Robledo en el Foro es que el debate hay que sacarlo del Congreso y “meterle pueblo”, que sean las propias comunidades de los municipios y departamentos productores las que salgan a defender, las que se movilicen por estos recursos que hoy les pertenecen, pero que mañana no se sabe…
Por su parte, Amylkar Acosta Medina, veterano de mil batallas sobre estos temas, considera que hay que desenmascarar las verdaderas intenciones del gobierno nacional, que no son otras que resolver el grave problema del déficit de las finanzas públicas de la Nación, con la plata de las regiones, y aplazar la solución a tantos problemas económicos y sociales en las zonas productoras.
La batalla sigue. Las regiones productoras de petróleo y carbón, como es nuestro caso, no pueden dar el brazo a torcer a pesar del poder del gobierno en el parlamento, con contratos y burocracia, para buscar apoyo de los congresistas de otras regiones que hoy reciben muy poco de estos recursos. Nuestro principal argumento tienen que ser las urgentes necesidades sociales y económicas de los municipios y las zonas productoras, dueñas de los recursos por mandato constitucional. Esta bien que se ahorre parte de estos recursos, si se confirma – como se espera- una gran bonanza en el sector minero energético, pero este ahorro también se puede hacer a nombre de las regiones; la inversión en ciencia y tecnología, también se puede hacer en estas regiones…
Ahora, si el gobierno insiste en que parte de estos recursos deben favorecer a otras regiones, eso se puede hacer a través de un Fondo Nacional en el cual se manejen estos recursos, pero no de manera concentrada en Bogotá, sino con la participación de voceros de los municipios y departamentos productores, con un una visión, claro está, de una mayor equidad inter-regional, a la cual nadie se opone y la que hemos defendido mucho aquí, desde cuando surgió la propuesta de crear un Fondo de Compensación Regional, iniciativa que fue, precisamente, de dos destacados economistas costeños.
Así están las cosas, hay que seguir la lucha, seguir el debate; todavía faltan cuatro, pero hay que sacarlo del Congreso y meterle pueblo, que sean las mismas comunidades las que protesten y se movilicen sobre un proyecto de acto legislativo a todas luces lesivo para nuestros intereses. No se ha ganado una batalla, pero tampoco se ha perdido la guerra.