Paras las diez de la mañana del próximo 28 de septiembre fue reprogramada la audiencia de lectura de fallo contra el integrante de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC, Carlos Arturo Montero Araujo, quien aceptó que contribuyó para que otros ciudadanos recibieran pensión de forma irregular en el departamento.

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De acuerdo a lo conocido por el despacho judicial, el procesado dio a conocer que tenía inconvenientes de salud, por lo que tuvo que aplazarse la diligencia de lectura de fallo establecida para la tarde del viernes.

En este tipo de audiencia el Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento dará a conocer los años que deberá pagar el médico Carlos Arturo Montero, de 69 años de edad, por el delito de peculado por apropiación.

Su sentencia será emitida por adelantado porque el profesional de la salud se allanó a los cargos endilgados por la Fiscalía 5 seccional en las audiencias preliminares del mes de abril de 2018, fecha en que también fue detenido.

Además para que ese allanamiento fuera avalado Montero Araujo retribuyó $6.000.000 por el detrimento ocasionado, el cual no fue aceptado por la juez de primera instancia pero sí por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

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Según la investigación, Montero participó en el entramado ilegal de la antigua junta de la JRC, para emitir dictámenes falsos de pérdidas de capacidad laboral a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados para obtener la pensión fraudulentamente.

Para la Fiscalía la mayoría de los diagnósticos para sustentar la pensión de los ciudadanos eran sobre problemas psiquiátricos o mentales que realmente no padecían. La mayoría de la clientela supuestamente eran los empleados de mineras como Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Por eso, precisamente en varios operativos en el departamento de Cesar en estos dos últimos años han realizado las autoridades más de 30 capturas de empleados que tramitaban o lograron pensionarse con el fin de ser judicializados y vincularlos a la investigación.

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Mientras tanto los otros exintegrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez están a la espera de que se les resuelva la situación jurídica en un juicio.