Desafiando el momento de fragilidad en que todo está en pausa hasta la ralentización de la vida misma, no han sido motivos para que la autoridad ambiental detenga muchas de sus competencias, aún consciente que la salud esté en cuidados intensivos en todo sentido.

Es así como el director de esta corporación -en las últimas horas suspendido- con su equipo de trabajo, asumiendo muchos riesgos han desarrollado sin mucha restricción buena parte de sus competencias que a continuación anotamos como parte de una adelantada rendición de cuentas, aunque esta es una administración que comenzó en enero del presente año y de inmediato la asedió el enemigo silencioso del bendito Covid- 19 y que no distingue estrato social; es así como emprendieron la formulación del Plan de Desarrollo para el período 2020- 2023, el cual fue aprobado según la norma a finales del mes de mayo por el Consejo Directivo e inmediatamente adoptado por la Corporación, realizando hasta ahora:  La revisión de la dimensión ambiental de los Planes de Desarrollo de los 25 municipios del departamento del Cesar. Emprendieron el seguimiento y la atención técnica a los municipios para la incorporación de los asuntos ambientales en el proceso de revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial para los 25 municipios de la jurisdicción.

Formularon y presentaron proyectos con el objeto de gestionar recursos para la ejecución de actividades misionales. Dieron respuesta a peticiones y consultas de usuarios externos en torno a las actividades que corresponden a la Dirección de Planeación y Gestión Ambiental. Identificaron, formularon, evaluaron y gestionaron proyectos relacionados con los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD).

Emitieron certificaciones y conceptos ambientales respecto a las áreas reglamentadas como Reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, áreas protegidas y rondas hídricas entre otros. Dieron asistencia técnica y participaron en las sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), y demás convocatorias en materia de reparación territorial y justicia transicional.

Abordaron el tema de las regulaciones hídricas de los ríos Magiríaimo, Chiríaimo, Ariguaní, Maracas y Badillo, entre otros, que servirán de sustento para posibles caducidades en concesiones.  Adoptaron el POMCAS del río Guatapurí en el mes de marzo, quedando por adoptar los de los ríos Manaure, Magiríamo y Chiríaimo. Han desarrollado operativos conjunto con la Policía y el Ejército en diferentes áreas del departamento contra la minería ilegal y tráfico de especies. Abordaron el seguimiento ambiental a las grandes minerías y el proyecto Ruta del Sol.

Rescataron más de 500 individuos de fauna silvestre que han sido atendidos en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora, entre mamíferos, reptiles y aves. Avanzaron en el campo de riqueza natural para la adopción de un sistema de pago por servicios ambientales con la empresa privada y minera y han gestionado dentro de los planes de compensación de estas lo que parte de los programas de siembra y reforestación de lugares degradados o fuentes abastecedoras de agua, sin desconocer gestiones y acuerdos con la Gobernación y otras entidades de carácter cívil para su intervención en el proceso de reforestación del departamento.