Por: José Félix Lafaurie Rivera

Las medidas para atender los desastres de la ola invernal son insuficientes frente a la magnitud del problema. El pronóstico de la extensión del fenómeno de La Niña hasta el primer semestre de 2011 tiene en ascuas a los productores del sector agropecuario y a los consumidores. A los primeros, porque han perdido cosechas y animales, y lo que les ha quedado en los campos, no lo pueden colocar en el mercado por la destrucción de la red vial terciaria, y a los segundos, porque, frente a una menor oferta de alimentos, el impacto en los precios finales no se hará esperar, máxime las grandes imperfecciones que registra la comercialización, en donde la especulación es la orden del día en situaciones como la actual.
Más aún, en ésta oportunidad no se puede echar mano del fácil expediente de importar alimentos para controlar la inflación, porque en el mercado internacional ya se prendieron las alarmas de un nuevo ciclo de precios de los alimentos al alza. Por lo menos esa es la previsión de la FAO.
Es una situación que ha desbordado la capacidad del Estado para atender tanta tragedia, y por eso valoramos las acciones del Gobierno encaminadas a obtener, a través de la iniciativa ‘Colombia Humanitaria’, ayuda y recursos. También vemos como muy positivo el plan de choque con recursos de la banca internacional para el sector ganadero, así como el alivio financiero implementado por el Banco Agrario, y la apropiación realizada por el Ministerio de Agricultura para subsidiar los suplementos que requieren los bovinos en las zonas más afectadas.

Sin embargo, ante el desastre, y como se dice popularmente, “una vez entrados en gastos”, se impone hacer el máximo esfuerzo para dotar al país de una red terciaria que realmente le permita al sector agropecuario ser competitivo, pues la declaratoria de emergencia económica rural que Fedegán le ha propuesto al gobierno es apenas un intento por contener en el mediano plazo, el enflaquecimiento del sector productor de alimentos y, en el corto plazo, como una tabla de salvación para muchos productores que han perdido sus activos productivos.

Así lo deben entender el gobierno y los productores rurales. Y en ese sentido va la propuesta de Fedegán para recuperar la red terciaria, bajo la filosofía del “todos ponen, todos ganan”.

Se trata de generar mecanismos en materia presupuestal, que permita además de la recuperación de la red terciaria, su mantenimiento permanente. El esquema de trabajo consiste en que la Nación aporte del presupuesto general por lo menos en setenta por ciento (70%) de los requerimientos financieros para la solución, el treinta por ciento (30%) restante se origine en los aportes de las administraciones locales con cargo a sus presupuestos y en los aportes de los productores.

Esa gran bolsa debe alimentarse también con un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del impuesto predial rural que recaude cada entidad territorial del orden municipal. Son recursos que al destinarse específicamente a la recuperación y mantenimiento de la red vial terciaria, habilitan una relación de causalidad entre la actividad productiva y el objeto del impuesto.

El presidente Santos ha acogido esta iniciativa y la ha enriquecido al señalar la decisión del Gobierno de destinar el producto de la venta del 9,9 por ciento de Ecopetrol, para vías.

El instrumento de carácter legal a través del cual es posible implementar esta política, es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el acápite denominado “Caminos para la Prosperidad”, la cual se encuentra en discusión y es el escenario ideal para llevar a cabo la creación de los elementos legales y presupuestales que soporten la solución propuesta.

Creemos que esta es una propuesta válida que se convertirá, indudablemente, en el combustible de la locomotora del sector rural.