Por: Raúl Bermúdez Márquez

Algunas entidades de control del Estado han hecho una revelación escalofriante: el costo estimado de la corrupción en Colombia es de 4,2 billones de pesos al año. Con ese dinero se podría construir más de 1,800 acueductos y 2,000 alcantarillados para los municipios pobres, dar auxilio de vivienda a más de 347,000 familias pobres o pagar la educación de 325,000 niños y niñas.
Si se tiene en cuenta que los modelos de medición utilizados se basan en los fraudes conocidos, en las denuncias presentadas, en las encuestas de percepción y en otras variables que se quedan cortas para reflejar la realidad concreta, es preciso admitir que los cálculos tienen unos márgenes de error significativos. Considerando que las cifras aportadas sólo corresponden a los desfalcos descubiertos y divulgados, deberá estimarse que la maraña de hechos fraudulentos cometidos en contra de los intereses de la Nación y que no han sido descubiertos, podría ser eventualmente tan grande o más que la que ha podido ser identificada y medida en términos económicos.
Otros dos factores deberían ser tenidos en cuenta: la “corrupción transparente”, que consiste en hacerle trampa a la enmarañada fronda burocrática y procedimental, haciendo aparecer como si los pasos que se dan dentro de un proceso de contratación están en regla, cuando en realidad, son muchas las oportunidades en las que se manipula información o documentos en un proceso licitatorio o de contratación directa, los cuales – solo de vez en cuando- son descubiertos de manera oportuna por los entes encargados de la vigilancia administrativa.
Este tipo de corruptela se complementa frecuentemente con la estrategia de posar en los medios como adalid en la lucha por la transparencia, al mismo tiempo que subrepticiamente se extienden tentáculos inescrupulosos sobre los presupuestos oficiales.
El otro factor es el costo social del fraude, es decir, la desmejora en la calidad de vida de los miembros de una sociedad sometida al saqueo sistemático de sus recursos, y los costos adicionales en los empréstitos de la banca multilateral, encarecidos por la calificación de riesgo debido a la corrupción. Si tales factores pudieran cuantificarse alguna vez, de pronto nos encontraríamos con la sorpresa de que con lo que se pierde por corrupción en el país alcanzaría para financiar la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras, que tanto obstáculo ha tenido en el Congreso con el argumento de que va a desangrar las arcas del Estado.
Precisamente el jueves 25 pasado, Transparencia por Colombia, una ONG que se dedica a estudiar la corrupción en el país, presentó un informe que establece que el 45 por ciento de los municipios analizados (no se incluyeron las principales cuatro ciudades del país) y uno de cada tres departamentos tienen riesgos altos o muy altos de corrupción. Se midió, por ejemplo, qué tanta información ponen en sus páginas web las entidades acerca de sus procesos de contratación y selección de personal, la manera de contratar y la gestión de los organismos. Se hizo una suerte de ránking de transparencia en la que ocuparon los mejores puestos las gobernaciones de Santander, Caldas y Boyacá; y Pereira y Pasto, entre las capitales. Los ‘rajados’ son Guaviare, Amazonas y Chocó; y en capitales, Riohacha, Quibdó, Mitú y San José del Guaviare.
En materia de contratación, el informe encontró “pocas licitaciones, escasa o ninguna publicidad en el proceso y la mayoría de las veces sin interventorías”. Registraron situaciones como que uno de cada tres contratos de los departamentos fue adjudicado en el 2008 sin concurso o llamado público, y que el promedio de proponentes por licitación es de dos participantes.
En los municipios, se detectó que el 55% de las alcaldías adjudican sus procesos licitatorios con un único proponente y que el 40% de ellas realiza más del 70% de sus procesos contractuales sin un llamado público formal. Con un informe tan poco halagador, es entendible que la organización mundial en contra de la corrupción Transparencia Internacional, en su informe de 2010 sobre  el Índice de Percepción Mundial sobre ese flagelo, a duras penas nos hubiese asignado una calificación de 3.5 sobre 10.

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