Se presentó un debate anoche, dentro de las conversatorios virtuales que adelanta EL PILON, sobre el Plan de Desarrollo Departamental del periodo 2020-2023. Participaron los diputados Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de la Asamblea, Ricardo Quintín Quintero, Claudia Margarita Zuleta y José Mario Rodríguez, moderados por Juan David Quintero.

El punto central de discordia es si el Plan, aprobado el 21 de marzo, asumió el impacto de la pandemia y las políticas y recursos para superar sus graves consecuencias.

De un lado se planteó que el instrumento de planeación se votó con afán por el querer del gobernador Luis Alberto Monsalvo de exhibir a su mandato en el escenario nacional como eficaz en haber dotado pronto a su gobierno de su visión en el cuatrienio.  

Por el otro, de cómo el Plan contenía una serie de programas amplios, que era suficientemente adaptable a cambiantes circunstancias y que la generación de ingresos es su principal apuesta.

Ese Plan fijó un escenario piso de aproximadamente $3.5 billones, de los que 2 son del SGP, transferencias de la nación, y 1,5 billones son la  ‘inversión’ de los que, apuntalados en más de 1 billón por recursos de regalías bianuales (el primer bienio es 2019-2020) se van en un 33% para las vías. Más de medio billón, una acertada destinación de la gobernación hacia un sector que genera empleo, mueve la economía y contribuye al desarrollo rural. Se mencionó que $120.000 millones irían para un Centro Cultural de la música vallenata; el tipo de nobles iniciativas que pensamos que hoy estarían en entredicho por el Covid, que exige establecer claras prioridades sociales.

Señaló Rodríguez que en ese marco había unos presupuestos anuales, como el aprobado de $631.000 millones -inferior al aprobado por Valledupar de $666 mil millones, aunque responden a tipos y alcances distintos -, que $400 mil millones son transferencias y unos $100 mil son de los llamados ingresos corrientes de libre destinación, sobre los que el diputado mencionó que esos presupuestos estaban amarrados y no había mucha discrecionalidad. 

Gutiérrez, defendió con vehemencia su rol y el de la asamblea en el control político.

Por contraste, la diputada Claudia Margarita hizo ver que modificándose el Plan y los presupuestos, debían orientarse recursos significativos y tangibles de empleo y apoyar al pequeño y al mediano empresario. Quintín fue enfático en que esa premura de aprobación fue grave error.

El debate tuvo su tinte político como cuando los diputados aliados del gobierno hicieron ver que los opositores Zuleta y Quintero, habían participado del primer gobierno de Monsalvo, como funcionaria y diputado, y cuando les hicieron el llamado para que gestionaran como miembros del Centro Democrático ante el gobierno nacional recursos para complementar los del departamento para enfrentar la crisis.

Los valerosos opositores cuestionaron el desempeño y transparencia del mandatario y resaltaron que sus denuncias hayan sido atendidas por los órganos de control. Un comentario final: Monsalvo recibió ataques pero inferiores no fueron sus defensas.