El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento condenó a ocho meses y 18 días de prisión al extesorero municipal, Jorge Luis Pérez Mestre, por participar en el desvío de dineros en la Alcaldía de Valledupar de Luis Fabián Fernández entre el periodo 2010 -2012.

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La sentencia fue emitida por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, por lo que fue también multado a pagar como pena accesoria una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes para la época del hecho, es decir $5´356.000 y una inhabilidad por el mismo periodo de tiempo establecido en la pena principal.

La investigación surgió en el año 2011 cuando las autoridades notaron que Pérez Maestre mientras fungía como tesorero “realizaba transferencias de dinero pertenecientes al fondo de seguridad -Fondo Cuentas- por un valor de $1.500.381.099 a otros fondos del municipio para el pago de nómina burocrática de la Alcaldía”, según indicó la Fiscalía.

Es decir, el dinero no era usado para fines de seguridad ciudadana sino para pagarles a contratistas, empleados, entre otros funcionarios.

La decisión fue proferida por anticipado luego que Jorge Luis Maestre aceptara los cargos en el marco de las audiencias preliminares. Asimismo quedó en firme porque el abogado defensor no interpuso recurso de apelación.

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EL EXALCALDE

Por estos hechos el exalcalde Luis Fabián Fernández también fue condenado en primera instancia a 24 meses de prisión por peculado por apropiación oficial diferente en el mes de mayo de 2017.

De acuerdo a la investigación, el exmandatario fue quien dirigió el proceso para que se realizara la transferencia. Los primeros hallazgos habrían sido originados por la Contraloría, al realizar vigilancia a los recursos del Fondo-Cuenta.

Esa fue una de las primeras condenas que recibió el exburgomaestre, pues en el mes de febrero del año pasado el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento lo condenó a cinco años y tres meses de prisión tras ser hallado responsable de celebrar de manera directa un millonario contrato con una empresa que no cumplía los requisitos para capacitar a la población arhuaca.

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El cuestionado contrato fue celebrado el 20 de mayo del año 2011 con la fundación sin ánimo de lucro Zhigoneshi por valor de $452.200.000 destinado a “ofrecer espacios de formación que garanticen la identidad cultural indígena a través de procesos de capacitación” por el periodo de 45 días.