El presidente de la Sala de Instrucción de la Suprema abrió el 15 de mayo una investigación preliminar contra Álvaro Uribe para vincularlo al proceso del hacker Sepúlveda. Se basa en un correo electrónico anónimo enviado el 16 de diciembre pasado.

Hay muchas razones para cuestionar la decisión de Héctor Alarcón. La cuenta de correo desde la que se envió el mensaje no tiene responsable ni datos del remitente. Es un anónimo. Y los anónimos no son medio de prueba. Así lo dice, entre otras normas, el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal: “Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”.

Además, la magistrada Lombana ya había iniciado en diciembre mismo una investigación sobre el caso. En los discos duros, materiales y declaraciones recogidas en ese proceso no hay absolutamente nada que indique ni siquiera de manera remota que Uribe fuese el destinatario de las supuestas chuzadas o de los perfilamientos hechos con fuentes abiertas. Tampoco hay ninguna referencia a que lo haya sido nadie del Centro Democrático. Despierta suspicacia es que Alarcón abra nueva indagación preliminar sobre el mismo anónimo y por los mismos hechos. Viola el debido proceso.

Súmense la investigación que abrieran a Uribe por las interceptaciones al Ñeñe. En ellas, como he explicado con pruebas, no se habla de compra de votos. De hecho, el expresidente no interviene en ninguna de las conversaciones. En alguna de ellas mencionan su nombre. Con base solo en esa mención, la Suprema le abrió investigación.

Antes la Suprema había cerrado un caso de manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda, denunciado por Uribe y, en cambio, le abrió al expresidente uno en el que le hicieron una interceptación ilegal por un mes, metiendo su teléfono en una investigación contra un parlamentario en la que Uribe no pintaba para nada. 

Y así, mientras que a Uribe le abren investigaciones paralelas con base en anónimos o porque terceros lo mencionan de pasada en una conversación, o lo chuzan ilegalmente, esa misma Corte no hace nada con Santos, sobre el que hay múltiples pruebas de que está involucrado en la financiación ilegal de su campaña. Y tampoco mueve un dedo para investigar a Petro por la corrupción durante su Alcaldía o por el video de las bolsas. 

Las salas penales de la Suprema deberían ser ejemplo de majestad y transparencia, de actuar conforme a la Constitución, de proteger el debido proceso. No lo son. Manchadas por el cartel de la toga, politizadas al extremo, en lugar de dar garantías de imparcialidad, probidad y justicia, tiene un rencor enfermizo con el expresidente y el uribismo, como antes sus colegas del cartel la tuvieron también.

Por Rafael Nieto Loaiza