La noticia no podía ser más increíble y absurda: la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, había solicitado asilo político al gobierno de Panamá, argumentando ser una perseguida política en Colombia. El escándalo dentro y fuera del país no se ha hecho esperar…
El caso es de una gravedad inmensa si se tiene en cuenta que la señora María del Pilar Hurtado, está implicado en el caso de las chuzadas realizadas por funcionarios del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a líderes políticos de la oposición, periodistas críticos frente al gobierno, entre otras personalidades.
Son muy sospechosas las circunstancias que rodean esta solicitud de asilo, que además se conoció sólo ayer en la mañana y en horas de la tarde ya había sido otorgado por el gobierno del país hermano, Panamá.
De haber tenido la más mínima precaución y los protocolos que deben rodear este tipo de diligencias, el gobierno de Panamá se habría enterado que la señora Hurtado está comprometido en el más grave escándalo de corrupción y abuso de poder del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando dio instrucciones precisas a varios de sus subalternos para interceptar de manera ilegal nada más ni nada menos que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación, por delitos como concierto para delinquir, entre otros, pero, en ningún caso, ha sido investigada por algún tipo de delito político.
Por el contrario, el caso de las chuzadas del DAS es el más grave de violación a la legislación nacional, a la inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad de las personas y – por lo tanto- la Fiscalía General de la Nación y la justicia debe actuar con todo el peso de la ley contra los funcionarios públicos de alto nivel responsables de este caso.
La decisión de la señora Hurtado representa, insistimos, una burla para la justicia colombiana, y como tal fue rechazada por los líderes de la oposición, magistrados y periodistas afectados por las chuzadas. Lo mínimo que el país espera es que otros funcionarios del gobierno de Uribe implicados en este caso tengan el coraje y el valor civil de enfrentar a la justicia colombiana.
Adicionalmente, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, no puede permanecer pasivo ante este hecho, como es el otorgamiento de asilo a esta señora, que atenta contra el derecho internacional y desvirtúa la razón de ser del asilo político. Como bien lo señaló el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, este es un caso de evasión de la justicia y así debe ser evaluado en el país y demostrado al gobierno de Panamá.
Este suceso podría ser una dura prueba de fuego para el Presidente Santos, quien deberá demostrar con este caso su independencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El Estado colombiano no puede permitir esta burla de la justicia y debe utilizar todos los mecanismos de la diplomacia y el derecho internacional para tratar que el gobierno de Panamá estudie bien y recapacite sobre su decisión. La misma, reiteramos, representaría una obstrucción a la justicia colombiana y esto podría ser grave para las sanas y tranquilas relaciones políticas y comerciales entre los dos países.