Augusto Daniel Ramírez Uhía es juzgado por una presunta promesa que hizo a los habitantes de varias invasiones de Valledupar en el 2011.
Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento se presentó el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, para declarar en el marco del proceso que se adelanta en contra del también exmandatario Augusto Daniel Ramírez Uhía, acusado de realizar actividades proselitistas en los barrios subnormales de la capital del Cesar cuando era candidato en el 2011.
Socarrás narró la manera en qué durante su periodo de gobierno comprendido entre el 2012- 2015 realizó gestiones para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la cual pedía reubicar la población víctima de la violencia para desalojar los predios invadidos en la ciudad.
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El exalcalde manifestó que hizo varias gestiones con el Ministerio de Vivienda y la Unidad de Víctimas para reubicarlos.
“Se intentó todas las veces, tanto así que dejé en el Plan de Ordenamiento Territorial que aprobamos en el año 2015 la solución para que los alcaldes pudieran legalizar los asentamientos informales. ¿Por qué? Porque se dejó autorizado… para que realizarán una expropiación vía administrativa, se le indemnizaba al privado, para que el municipio le pagara en dinero o permuta entregando un bien a ese propietario para resarcir el derecho que se le había vulnerado y legalizar las familias que hoy están en una pobreza”, acotó Socarrás.
Explicó además que entre la Gobernación, la Unidad de Víctimas y la Alcaldía gestionaron los albergues en un 94 % y que en el siguiente periodo de la Alcaldía hubo dificultades que deterioraron lo hecho.
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Otro que declaró fue el exsecretario de Gobierno de Socarrás, Carlos Mario Céspedes, quién manifestó que los desalojos fueron infructuosos porque la población afectada con antelación presentaban tutelas.
“Se nos hizo imposible realizar lo que era los desalojos hasta que llegó la sentencia de la Corte Constitucional que es la T. 945 del 2011 y con esta ya las condiciones se volvieron más rígidas, de acuerdo a todos los numerales que se presentaron”, dijo el exfuncionario.
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Las declaraciones se presentaron para recrear el panorama de las invasiones en la época posterior en que, presuntamente, el exalcalde ‘Tuto’ Uhía prometió a la población no desalojarla a cambio de que votarán por él.
El ofrecimiento supuestamente se materializó en dos actas con fecha de 11 y 29 de septiembre del 2011 firmadas por Ramírez Uhía y miembros de la comunidad de distintos barrios subnormales de la ciudad.
Augusto Daniel Ramírez Uhía es juzgado por una presunta promesa que hizo a los habitantes de varias invasiones de Valledupar en el 2011.
Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento se presentó el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, para declarar en el marco del proceso que se adelanta en contra del también exmandatario Augusto Daniel Ramírez Uhía, acusado de realizar actividades proselitistas en los barrios subnormales de la capital del Cesar cuando era candidato en el 2011.
Socarrás narró la manera en qué durante su periodo de gobierno comprendido entre el 2012- 2015 realizó gestiones para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la cual pedía reubicar la población víctima de la violencia para desalojar los predios invadidos en la ciudad.
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El exalcalde manifestó que hizo varias gestiones con el Ministerio de Vivienda y la Unidad de Víctimas para reubicarlos.
“Se intentó todas las veces, tanto así que dejé en el Plan de Ordenamiento Territorial que aprobamos en el año 2015 la solución para que los alcaldes pudieran legalizar los asentamientos informales. ¿Por qué? Porque se dejó autorizado… para que realizarán una expropiación vía administrativa, se le indemnizaba al privado, para que el municipio le pagara en dinero o permuta entregando un bien a ese propietario para resarcir el derecho que se le había vulnerado y legalizar las familias que hoy están en una pobreza”, acotó Socarrás.
Explicó además que entre la Gobernación, la Unidad de Víctimas y la Alcaldía gestionaron los albergues en un 94 % y que en el siguiente periodo de la Alcaldía hubo dificultades que deterioraron lo hecho.
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Otro que declaró fue el exsecretario de Gobierno de Socarrás, Carlos Mario Céspedes, quién manifestó que los desalojos fueron infructuosos porque la población afectada con antelación presentaban tutelas.
“Se nos hizo imposible realizar lo que era los desalojos hasta que llegó la sentencia de la Corte Constitucional que es la T. 945 del 2011 y con esta ya las condiciones se volvieron más rígidas, de acuerdo a todos los numerales que se presentaron”, dijo el exfuncionario.
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Las declaraciones se presentaron para recrear el panorama de las invasiones en la época posterior en que, presuntamente, el exalcalde ‘Tuto’ Uhía prometió a la población no desalojarla a cambio de que votarán por él.
El ofrecimiento supuestamente se materializó en dos actas con fecha de 11 y 29 de septiembre del 2011 firmadas por Ramírez Uhía y miembros de la comunidad de distintos barrios subnormales de la ciudad.