Ocupar un cargo de elección popular no es fácil, es una gran responsabilidad que implica amor, tiempo y dedicación en la tarea de encontrar soluciones que mitiguen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos. En el caso de las corporaciones públicas, más específicamente los concejos municipales, esto se ve reflejado en el ejercicio del control […]
Ocupar un cargo de elección popular no es fácil, es una gran responsabilidad que implica amor, tiempo y dedicación en la tarea de encontrar soluciones que mitiguen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos.
En el caso de las corporaciones públicas, más específicamente los concejos municipales, esto se ve reflejado en el ejercicio del control político que se le realiza a la administración, lo cual permite que los principios que rigen la función pública se vean exteriorizados en el goce efectivo de los derechos de los habitantes de un municipio.
Es tan indescriptible lo que se siente cuando se es posesionado como concejal del municipio de Valledupar, pero a la vez tan perturbador en este caso cuando se hace para suplir una vacancia por motivos de que a la persona que sucedes fue destituida e inhabilitada por el mal ejercicio de sus funciones.
En pocas palabras se adquiere un mayor compromiso con la ciudadanía y fue eso lo que se hizo en tan poco tiempo y desde el momento en que se posesionó a los nuevos concejales del municipio de Valledupar el día 15 de noviembre de la presente anualidad.
Fue maratónica la tarea pero no imposible, con el hecho de realizar 5 debates de control político de forma consecutiva, el renovado Concejo sentó un precedente jamás visto en la corporación edilicia y en el municipio de Valledupar, cabe resaltar el debate al contrato de prestación de servicio N° 1011, firmado el 3 de julio de 2018, entre el municipio de Valledupar y la Fundación Creciendo con Cultura, por un valor de más de 1.099 millones de pesos por presunta malversación de recursos de la estampilla proadulto mayor y el incumplimiento de cláusulas contractuales, el debate a la secretaria de hacienda municipal por la figura de dación en pago, negocio jurídico que posiblemente no raya de legalidad y que fue puesto en conocimiento de los entes de control como también se solicitó un control excepcional por parte de la contraloría general de la republica a la secretaria de hacienda municipal, el debate al contrato leonino entre la empresa Emdupar y Radian por lo que se solicitó la intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos, el debate a las obras de los acueductos corregimentales del norte por estar en vilo su culminación, el debate al hospital Eduardo Arredondo daza por la ausencia de algunos servicios médicos en los corregimientos del sur.
Le correspondió también a la destacada corporación la aprobación del presupuesto de la vigencia 2020, labor que implicó un estudio detallado de las partidas presupuestales presentadas por la administración municipal; la aprobación del proyecto de vigencias futuras para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que beneficiará a 47.000 niños y niñas desde el comienzo del nuevo calendario escolar, el proyecto de acuerdo que restablece los derechos laborales a funcionarios de planta de la contraloría y personería municipal de Valledupar con el ajuste de la escala salarial de las mismas. Es importante indicar que además se hundieron el proyecto de transporte escolar y el de cambio de nombre de Indupal a Inder por incumplimiento de los requisitos legales para su aprobación.
Para finalizar, es satisfactorio haber cumplido con el deber encomendado por el artículo 313 de la constitución política de Colombia, se ejerció el control político de manera transparente al citarse siempre a los medios de comunicación, a los entes de control y sobre todo a la ciudadanía en general, que es en ultimas a quien nos debemos, es imperioso recordar que no necesitamos de una credencial para ejercer el control político, que todos los ciudadanos estamos en la obligación de velar por lo público y hacer que nuestros mandatarios se ciñan en toda su gestión de los principios rectores de la administración pública.
Ocupar un cargo de elección popular no es fácil, es una gran responsabilidad que implica amor, tiempo y dedicación en la tarea de encontrar soluciones que mitiguen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos. En el caso de las corporaciones públicas, más específicamente los concejos municipales, esto se ve reflejado en el ejercicio del control […]
Ocupar un cargo de elección popular no es fácil, es una gran responsabilidad que implica amor, tiempo y dedicación en la tarea de encontrar soluciones que mitiguen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos.
En el caso de las corporaciones públicas, más específicamente los concejos municipales, esto se ve reflejado en el ejercicio del control político que se le realiza a la administración, lo cual permite que los principios que rigen la función pública se vean exteriorizados en el goce efectivo de los derechos de los habitantes de un municipio.
Es tan indescriptible lo que se siente cuando se es posesionado como concejal del municipio de Valledupar, pero a la vez tan perturbador en este caso cuando se hace para suplir una vacancia por motivos de que a la persona que sucedes fue destituida e inhabilitada por el mal ejercicio de sus funciones.
En pocas palabras se adquiere un mayor compromiso con la ciudadanía y fue eso lo que se hizo en tan poco tiempo y desde el momento en que se posesionó a los nuevos concejales del municipio de Valledupar el día 15 de noviembre de la presente anualidad.
Fue maratónica la tarea pero no imposible, con el hecho de realizar 5 debates de control político de forma consecutiva, el renovado Concejo sentó un precedente jamás visto en la corporación edilicia y en el municipio de Valledupar, cabe resaltar el debate al contrato de prestación de servicio N° 1011, firmado el 3 de julio de 2018, entre el municipio de Valledupar y la Fundación Creciendo con Cultura, por un valor de más de 1.099 millones de pesos por presunta malversación de recursos de la estampilla proadulto mayor y el incumplimiento de cláusulas contractuales, el debate a la secretaria de hacienda municipal por la figura de dación en pago, negocio jurídico que posiblemente no raya de legalidad y que fue puesto en conocimiento de los entes de control como también se solicitó un control excepcional por parte de la contraloría general de la republica a la secretaria de hacienda municipal, el debate al contrato leonino entre la empresa Emdupar y Radian por lo que se solicitó la intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos, el debate a las obras de los acueductos corregimentales del norte por estar en vilo su culminación, el debate al hospital Eduardo Arredondo daza por la ausencia de algunos servicios médicos en los corregimientos del sur.
Le correspondió también a la destacada corporación la aprobación del presupuesto de la vigencia 2020, labor que implicó un estudio detallado de las partidas presupuestales presentadas por la administración municipal; la aprobación del proyecto de vigencias futuras para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que beneficiará a 47.000 niños y niñas desde el comienzo del nuevo calendario escolar, el proyecto de acuerdo que restablece los derechos laborales a funcionarios de planta de la contraloría y personería municipal de Valledupar con el ajuste de la escala salarial de las mismas. Es importante indicar que además se hundieron el proyecto de transporte escolar y el de cambio de nombre de Indupal a Inder por incumplimiento de los requisitos legales para su aprobación.
Para finalizar, es satisfactorio haber cumplido con el deber encomendado por el artículo 313 de la constitución política de Colombia, se ejerció el control político de manera transparente al citarse siempre a los medios de comunicación, a los entes de control y sobre todo a la ciudadanía en general, que es en ultimas a quien nos debemos, es imperioso recordar que no necesitamos de una credencial para ejercer el control político, que todos los ciudadanos estamos en la obligación de velar por lo público y hacer que nuestros mandatarios se ciñan en toda su gestión de los principios rectores de la administración pública.