EL PILÓN conoció que cuatro exdirigentes políticos del departamento tienen actualmente una orden de captura en su contra para cumplir condenas o medida de aseguramiento.
Varios exalcaldes del departamento del Cesar continúan prófugos de la justicia a pesar de tener en su contra orden de captura para que respondan por procesos penales relacionados con la administración pública.
En el selecto grupo está el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, condenado a cinco años y tres meses de prisión por celebrar de manera directa un millonario contrato con una empresa que no cumplía los requisitos para capacitar a la población arhuaca.
Fernández fue sentenciado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y multado a pagar 66.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Lee también: Condenan a exalcalde Luis Fabián Fernández
Los hechos corresponden a un contrato que celebró el 20 de mayo del año 2011 con la fundación sin ánimo de lucro Zhigoneshi por valor de $452.200.000, con el fin de ofrecer espacios de formación que garantizaran la identidad cultural indígena a través de procesos de capacitación por el periodo de 45 días.
“Tras haber ocupado cargos públicos y al someterse a la elección popular, gozaba de conocimientos necesarios para saber que el contrato que se celebraba en tan precarias condiciones constituía una clara transgresión a la ley penal y a pesar de eso ejecutó ese comportamiento contrario a la ley, sometiéndose a sus consecuencias”, reza la sentencia.
Sin embargo, este no fue el primer fallo en su contra, puesto que, el 15 de mayo de 2018 fue condenado por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
Otro que es buscado es el exmandatario de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, quien el anterior 23 de octubre fue hallado culpable del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La decisión fue emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento por una pena de cinco años. Los hechos estuvieron relacionados a un convenio con una asociación sin ánimo de lucro para brindar ayuda a los afectados de la ola invernal del 2014.
Lee también: Pliego de cargos a exalcalde de Pueblo Bello
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
[email protected]
EL PILÓN conoció que cuatro exdirigentes políticos del departamento tienen actualmente una orden de captura en su contra para cumplir condenas o medida de aseguramiento.
Varios exalcaldes del departamento del Cesar continúan prófugos de la justicia a pesar de tener en su contra orden de captura para que respondan por procesos penales relacionados con la administración pública.
En el selecto grupo está el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, condenado a cinco años y tres meses de prisión por celebrar de manera directa un millonario contrato con una empresa que no cumplía los requisitos para capacitar a la población arhuaca.
Fernández fue sentenciado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y multado a pagar 66.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Los hechos corresponden a un contrato que celebró el 20 de mayo del año 2011 con la fundación sin ánimo de lucro Zhigoneshi por valor de $452.200.000, con el fin de ofrecer espacios de formación que garantizaran la identidad cultural indígena a través de procesos de capacitación por el periodo de 45 días.
“Tras haber ocupado cargos públicos y al someterse a la elección popular, gozaba de conocimientos necesarios para saber que el contrato que se celebraba en tan precarias condiciones constituía una clara transgresión a la ley penal y a pesar de eso ejecutó ese comportamiento contrario a la ley, sometiéndose a sus consecuencias”, reza la sentencia.
Sin embargo, este no fue el primer fallo en su contra, puesto que, el 15 de mayo de 2018 fue condenado por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
Otro que es buscado es el exmandatario de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, quien el anterior 23 de octubre fue hallado culpable del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La decisión fue emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento por una pena de cinco años. Los hechos estuvieron relacionados a un convenio con una asociación sin ánimo de lucro para brindar ayuda a los afectados de la ola invernal del 2014.
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POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
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