Como parte de la estrategia que desarrolla la Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar, en velar por el pleno uso y protección de los elementos naturales se dio con la detención de ocho ciudadanos junto al decomiso de una embarcación, maquinaria y herramientas que utilizaban para realizar explotación de los recursos naturales en la isla Punta Caimán dentro del complejo cenagoso de la Zapatosa, en el municipio de Chimichagua.

La retención de los equipos y aprehensión en flagrancia de los supuestos actores se dio por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y minería ilegal en área protegida, luego de una denuncia realizada por la Red de Cooperación de Corpocesar, conformada por los pescadores y habitantes del sector. Para el jefe de Seccional de Corpocesar, José Sabino Tejeda, esta acción forma parte de los objetivos que ejecuta la CAR en el Cesar para la sostenibilidad del medio ambiente desde su cuido y uso sostenible de los elementos que la componen. “Esta embarcación representa la segunda decomisada por la institución, el año pasado detuvimos una; adicional, a la maquinaria y a las herramientas incautadas”.

El funcionario informó que esta gabarra puede transportar hasta 12 metros cúbicos de material arenoso destinado para la construcción, también dio a conocer que su lugar de procedencia era del Banco Magdalena.

Para el Director General de Corpocesar, Julio Suárez Luna, estas medidas contra la minería ilegal, la deforestación y pesca indiscriminada, así como la vigilancia de los proyectos emblemáticos que se vienen desarrollando hacia la recuperación del cauce del río Cesar, entre el municipio de Chimichagua y el corregimiento de Saloa forman parte de la política misional de la entidad. “Este acto de minería ilegal se descubrió producto de las visitas rutinarias que realiza la seccional constatando que ocho ciudadanos extraían de manera indiscriminada arena de la isla poniendo en peligro el manglar”.

La máxima autoridad de la CAR, precisó que lo que para estos habitantes representa una actividad comercial se transforma en un perjuicio ambiental incalculable. “Desde el Banco Magdalena y Chimichagua nos critican de que no dejamos trabajar a estar personas, pero es que el daño que generan al medio ambiente es superior a esa problemática donde los funcionarios deben ir acompañado de la policía ante las amenazas que reciben durante los procedimientos”.

Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica de Corpocesar, Julio Berdugo, manifestó que luego del decomiso se legaliza la medida para evaluar el estatus de los permisos y si está cumpliendo con lo exigido por Corpocesar, donde se le otorga un plazo a los acusados para que sustenten el por qué de las acciones y si tiene la documentación en regla para realizar este tipo de actividades. “Se abre un periodo probatorio para que los agraviados aleguen sobre las pruebas que ellos suministraron, y por último se procede a una resolución definitiva”, señaló Berdugo.

El encargado del área legal de la Autoridad Ambiental en el Cesar expresó que este tipo de medidas pueden, posterior a la resolución, concluir con sanciones o exoneración. “Multa que pueden llegar hasta los 200 millones de pesos dependiendo de la magnitud del caso”, acotó Berdugo.

Este operativo se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional y la Asociación de Pescadores del corregimiento de Candelaria, municipio de Chimichagua. Para la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales y Ambientalistas del Departamento del Cesar, Libia Arciniegas, expresó que la minería ilícita, así como el material de arrastre que sacan ellos a través de la extracción en la ciénaga eso hace que ella vaya perdiendo todo porque es el soporte. Generando mayor sedimentación y con la extracción del balastro y la arena se produce más sedimento proliferando el ‘buchón’ y la ‘taluya’ ocasionando la pérdida de oxígeno en el agua desencadenando la muerte de muchas especies.

JORGE LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ/ EL PILÓN
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