El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías tomó la decisión en las audiencias preliminares realizadas ayer.
Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron cobijados los exsecretarios Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, además de la contratista Ivis del Carmen Rosado Roble, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Cesar, año 2015.
Así lo determinó el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías en el marco de las audiencias preliminares durante el día de ayer.
Lee también: Exsecretarios de Educación del Cesar se entregaron en la Fiscalía
Sin embargo, los tres continuarán vinculados a la investigación por los delitos de peculado agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de los cuales se declararon inocentes.
Los hechos cuestionados por la Fiscalía 12 seccional corresponden a unas irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la Nación sobre el contrato suscrito por la Gobernación de Luis Alberto Monsalvo en el periodo 2012 – 2015 y la contratista, Ivis del Carmen Rosado.
De acuerdo a la Contraloría, el valor inicial de la contratación realizada fue de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. Sin embargo, meses después este aumentó su valor dejando un supuesto detrimento patrimonial.
Lee también: Por el PAE, dos exsecretarios del Cesar y una contratista deberán dar cara a la justicia
“Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el Acta de Liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto”, indicó en organismo de control.
De acuerdo a la investigación, los precios estipulados en las raciones de comida en el contrato departamental con los empleados para la misma fecha por el Ministerio de Educación eran muy superiores.
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
[email protected]
El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías tomó la decisión en las audiencias preliminares realizadas ayer.
Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron cobijados los exsecretarios Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, además de la contratista Ivis del Carmen Rosado Roble, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Cesar, año 2015.
Así lo determinó el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías en el marco de las audiencias preliminares durante el día de ayer.
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Sin embargo, los tres continuarán vinculados a la investigación por los delitos de peculado agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de los cuales se declararon inocentes.
Los hechos cuestionados por la Fiscalía 12 seccional corresponden a unas irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la Nación sobre el contrato suscrito por la Gobernación de Luis Alberto Monsalvo en el periodo 2012 – 2015 y la contratista, Ivis del Carmen Rosado.
De acuerdo a la Contraloría, el valor inicial de la contratación realizada fue de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. Sin embargo, meses después este aumentó su valor dejando un supuesto detrimento patrimonial.
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“Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el Acta de Liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto”, indicó en organismo de control.
De acuerdo a la investigación, los precios estipulados en las raciones de comida en el contrato departamental con los empleados para la misma fecha por el Ministerio de Educación eran muy superiores.
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
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