En la ciudad de Valledupar se realizó un encuentro entre líderes sociales, como consecuencia del número de amenazas de las que han sido víctimas estos sectores y las diferentes agremiaciones que hacen trabajo social y político en el Cesar y La Guajira.

De manera organizada decidieron como señal de protesta suspender su participación en el proceso que se llevó a cabo con el Gobierno Nacional para el cese a la violencia, a través de la “Formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH”, desarrollado entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019.

Un comunicado emitido por los representantes de estas asociaciones expresa que: “como defensores y defensoras de la vida y el territorio, sentimos total indignación con el aumento de los asesinatos, amenazas y judicialización de nuestras comunidades que están en las zonas, nos solidarizamos con las comunidades indígenas del Cauca que están viviendo un genocidio en curso”.

El manifiesto se dio a conocer durante el desarrollo de los talleres territoriales de “Formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos”.

Durante el desarrollo del evento los representantes de estos sectores manifestaron la intranquilidad a la que se encuentran sometidos en el Cesar, “la situación en el Departamento no es ajena al escenario nacional en cuanto a la estigmatización, amenazas, judicialización y asesinatos; en esta región entre enero 2018 y octubre de este año han sido asesinados cuatro líderes sociales en la entidad y hasta el momento no se conoce sobre sus autores materiales e intelectuales”, expresaron.

El incumplimiento del “Acuerdo de Paz” entre el Gobierno y las antiguas Farc EP, el incremento del conflicto armado en el territorio, la desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía, la integridad y culturas de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas son algunos de los puntos por los que estos líderes consideran de vital importancia la discusión y construcción colectiva de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos.

“La voluntad del Estado para respetar y garantizar las libertades de sus ciudadanos no se refleja solo en un proceso de construcción de un instrumento de política pública se evidencia en la práctica cotidiana, y los anuncios y acciones del Gobierno no están siendo ni eficaces, ni efectivos para superar la situación de violencia sociopolítica en los territorios”, suscribe el comunicado emitido por dichas agremiaciones sociales.

Los asistentes agregaron que, ante el incumplimiento del Estado, se declararon en Asamblea Permanente en defensa de la vida, el territorio y la paz e hicieron un llamado a todos los sectores a una jornada de movilización el próximo 21 de noviembre en contra de las medidas económicas del Gobierno y en rechazo de la violencia ejercida contra el movimiento social.

Por: Jorge Luis López González / EL PILÓN
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