Un valor superior de la democracia moderna y del Estado de Derecho es el de la autonomía. Esta es la esencia de la libertad civil. Se puede ser libre en una comunidad política solo en la medida en que las personas sean titulares de derechos de libertad.

Sin derecho de autonomía –como no interferencia del otro–, no puede disfrutarse de la libertad civil o política.

El valor superior de la democracia moderna y de la contemporánea y del Estado de Derecho, en su nueva versión de Estado Constitucional de Derecho, no es otro que el de la libertad como autonomía. Se es libre cuando se es autónomo en el derecho de adoptar decisiones propias, sin interferencia de otro o de otros, por tanto, la libertad tiene dos caras: la negativa y la positiva.

La autonomía como no interferencia y como participación, insisto, constituye el valor superior de la democracia. En el Estado de Derecho la libertad limita al poder político. Esta es su naturaleza, que es limitado por las leyes y las libertades, y tiene que ser necesariamente descentralizado.

La descentralización política del Estado de Derecho es una manifestación de la separación de poderes, como garantía del disfrute de los derechos y las libertades personales. No es una mera descentralización burocrática, sino política. No existirá Constitución en una sociedad civil, si el Estado no es descentralizado políticamente, enseña la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

La libertad, por consiguiente, es un valor que tiene en la autonomía, su piedra angular, bien lo dice Norberto Bobbio en Teoría general de la política: “Este mismo término -<>- tiene un sentido diferente en la doctrina democrática (perteneciente al lenguaje técnico de la filosofía), significa <>, es decir, el poder de darse normas a sí mismo y de no obedecer más normas que las que se da uno mismo. Como tal, se contrapone a restricción. Por ello, se llama <> al hombre inconformista, que razona con sus propias ideas, que no se casa con nadie, no cede a las presiones, lisonjas, a los espejismos de la promoción profesional, etc”.

La enseñanza universitaria, en consecuencia, para ser libre requiere de una institucionalidad que garantice la libertad y no es otra que la autonomía universitaria. En otras palabras, las universidades tienen que ser autónomas para que la enseñanza sea libre, con leyes propias y que se gobierne con sus estatutos, sin la interferencia del poder público.

Una profunda descentralización política en la legislación tiene que abrirse paso a fin de que la autonomía universitaria sea una realidad. No nos engañemos, hace falta garantizarla para que en la Nación exista desarrollo espiritual, científico y se consolide la paz. No es con la intervención de la Fuerza Pública ni restringiendo las libertades como se desarrolla la enseñanza universitaria. Es haciendo cada vez más autónomas a las universidades.

A un siglo del Manifiesto de Córdoba, no tiene sentido que en los consejos superiores de las universidades asistan y decidan representantes del poder público ajenos al medio universitario. Sin autonomía, no existe libertad de enseñanza. La paz y los apóstoles de la paz se construyen en libertad. La fuerza y la violencia no son del ámbito universitario, lo es la razón.