Ayer en editorial valoramos la afirmación de identidad kankuama cuando por el avance de la llamada civilización parecían desaparecer los vestigios de  la etnia. En nuestras páginas y en las políticas editoriales está vivo el compromiso de EL PILÓN de reconocer a las minorías de la sociedad,  a las comunidades ancestrales indígenas y afrodescendientes. Y a los que poca voz tienen por su condición de pobreza, marginalidad o de servicios, como en lo rural  son los campesinos.

Pero es justo poner las cosas en su lugar y en su justa dimensión.

En Perijá la presencia y vocería de los yukpas se había venido desvaneciendo por décadas, fruto de la pobreza, del proceso de colonización campesina; el avance del café y el surgimiento de la bonanza marimbera, del conflicto armado, y una mayor población y reconocimiento de derechos en Venezuela. Se llegó a decir, al iniciar el siglo, que en lo alto de Codazzi y Becerril, apenas se mantenían yupkas.

Pero con ocasión del proceso con las Farc, nos sorprendimos de que los yukpas se oponían al establecimiento de espacios de reincorporación en la serranía y acudía presurosa la Procuraduría General, de Alejandro Ordoñez, un franco opositor al proceso con interés político, a decir que una gran comunidad debía ser tenida en cuenta.

“Consulta previa con indígenas yukpas es indispensable”, dijo Ordoñez en julio de 2016 a EL PILÓN. Alentados por el organismo, pidieron que todo proceso agroindustrial, zonas campesinas, parques naturales o proyectos mineros a lo largo de Perijá debían serles consultados.

Después que los resguardos fuesen ampliados pidiendo al Gobierno que se declararan 788 mil hectáreas, el  35 % del departamento,  como territorio ancestral yukpa. Iniciaron procesos de  restitución de tierras. Y hubo enfrentamientos con la población campesina asentada en Perijá, muchos que vinieron del interior y los santanderes, huyéndole a la violencia liberal-conservadora en los 50’s, y se convirtieron en proveedores de la alimentos de los comisariatos de trabajadores de la bonanza algodonera.

Ahora, el Tribunal del contencioso- Administrativo del Cesar, en fallo de tutela en primera instancia ha considerado que una actuación del ejecutivo sustrayendo un área de reserva forestal para la evaluación de una modificación del Plan de Manejo Ambiental que adelanta la Operación Integrada de La Jagua, que no es sino una ampliación de la explotación en curso, para un depósito de tierra, debe caer porque se traslaparía con ese pretendido territorio, que no ha delimitado oportunamente la Agencia Nacional de Tierras.

Un grave precedente porque cualquier proyecto como una carretera, que requiere una concesión minera, para el uso de la piedra, estaría sometida a una engorrosa consulta, cuando no hay delimitación oficial sino la que ya de antemano – y sin prueba ni proceso de concertación con la mayoría de la población- fijaron los yukpas. A ellos los acompañamos pero, con todo respeto, se les está yendo la mano.