Cuatro años después del crimen del comerciante José Guillermo Acosta Ramírez, de 39 años, en un atentado a bala en el barrio Doce de Octubre, aún no culmina el juicio de los posibles asesinos en los estrados judiciales de Valledupar.

El proceso ha tenido dilaciones por distintos aspectos, entre esos, la no comparecencia de un testigo fundamental para la Fiscalía 17 seccional con el que pretende demostrar la culpabilidad de los dos procesados, los cuales son: Cristian Alfonso Pinto Contreras, alias ‘Poncho Papaya’ y Anderson Hernández Barrios, alias ‘El Barba’.

Precisamente, ese motivo llevó a que la audiencia programada para la mañana de ayer no se realizara. Sin embargo, el representante del ente acusador indicó que el declarante no se ha podido presentar porque está en una clínica a causa de un accidente de tránsito.

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Así lo evidenció la Fiscalía mediante un informe de policía judicial que recibió una vez ordenó su ubicación para que pudiera declarar.

“Realizadas las labores de vecindario se pudo determinar que el señor, Edil José Velázquez se encuentra recluido en una habitación de una clínica de la ciudad de Valledupar… Se encuentra postrado porque fue atropellado por un vehículo automotor y tiene lesionado unas extremidades inferiores que pueden ser como consecuencia de esas amenazas materializadas posterior a lo que ya ha denunciado ante la Fiscalía”, dijo el fiscal.

ESTÁN LIBRES

Los contratiempos llevaron a que los aprehendidos fueran dejados en libertad por vencimiento de términos en el mes de marzo de 2019.

Ambos son señalados de matar a José Guillermo Acosta, en septiembre de 2015, en un intento de asalto realizado en la carrera 13 con calle 33 del barrio Doce de Octubre.

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‘PONCHO PAPAYA’ ES UNO DE LOS MÁS BUSCADOS

Entre tanto, Cristian Alfonso Pinto Contreras, alias ‘Poncho Papaya’ aparece en el cartel de la Policía Nacional como uno de los más buscados.

Aunque se desconoce si la orden de captura es por este proceso. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y por eso las autoridades ofrecen $ 2 millones a quién dé información de su paradero.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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