Cierto día, antes de entrar en vigencia el nuevo Código de Policía, Ley 1801 de 2016, que trasladó el control urbano de la Oficina de Planeación a la Secretaría de Gobierno municipal, una abogada buscando trabajo, se acercó a dichas Oficinas, para revisar los procesos contravencionales de norma urbanística, con el fin de escoger aquellos que podrían tener solución, para sacar al posible infractor del problema jurídico en que se encontraba y con esta fuente nueva de trabajo, ganarse unos honorarios.

Inició su labor con la revisión rápida de la larga lista de procesos en la Secretaría de Gobierno Municipal, escogiendo 5 casos defendibles a su juicio, de los cuales tomó los datos de los contraventores a quienes llamó un viernes cualquiera y explicó sus intenciones de representarlos, pero se llevó la sorpresa que ninguna de esas personas demostró interés, quedando aplazada cualquier expectativa laboral.

El lunes siguiente, a las 8 de la mañana, ya esos 5 infractores se encontraban en la Alcaldía, reclamándole al encargado que les devolviera su plata, ya que sus procesos continuaban vigentes y no los habían desaparecido del listado, como estaba pactado.

Este y otros episodios se presentan también en la Secretaría de Gobierno municipal de Valledupar, porque desde hace mucho tiempo, manifiesta la fuente, cada estado procesal está planillado para su pago, según sea su grado de complejidad, porque si hay que alterar o hacer desaparecer la carpeta de la licencia respectiva, el valor de la gestión tiene otro precio, debido a que hay que ingeniárselas para entrar al archivo de licencias urbanísticas para desaparecerlo.

Es así como se mueve el cartel del control físico interno, ya que, si analizamos el externo, la negociación es en vivo y en directo; utilizando varios métodos, entre ellos, el de recomendar el trámite de licencia hasta la etapa de fijación de la valla de inicio de trámite y ya instalada, permitir al titular construir a su antojo, para que después sea sujeto de nuevos sobornos, mostrándoles hasta la retro excavadora oficial para demolición, por si no paga.

Así funcionan estos sujetos, la clave es mantener el desorden, nada de archivos cerrados, nada de inspectores de policía, por eso solo tenemos 2, cuando se necesitan 12 para Valledupar y 24 para los corregimientos, que entre otros perfiles, deben ser abogados instruidos para manejar más de 120.000 predios, por eso no hay revisión normativa ni denuncias contra los curadores, por eso las multas impuestas son esporádicas y los recaudos ridículos, por eso tenemos edificios en riesgo de desplome, porque construyeron en alturas no permitidas; es así como se maneja el control urbano, para que sea la caja mayor de algunos delegados y gestores urbanos, funcionando bajo la misma estructura inteligente, contratantes y contratistas bandidos, responsables del 90% de las construcciones ilegales que invaden el espacio público, que entechan los antejardines, que contribuyen al calentamiento global y un sin número de situaciones anómalas que requieren intervención urgente, pero estoy seguro que en este gobierno, tampoco se combatirá este flagelo que afecta tanto el desarrollo urbanístico formal.