Hemos vuelto a ser noticia. Esta vez el Cesar sobresale por que su economía disminuyó en 2018 con respecto al año anterior, junto con La Guajira y Chocó. El diario El Tiempo nos destacó para mal ayer en primera página.

Mientras la economía nacional se aproximaba en su incremento del PIB al 2.5 % el departamento disminuyó según reporta el DANE en -1.3 %, en el penúltimo lugar después de Chocó (-5.7 %) . La Guajira bajó el 1 %. Habría que ahondar para ver cómo evolucionaron las cuentas del carbón pero no parecerían explicar la caída cuando los precios internacionales de los carbones térmicos estuvieron altos en 2018 y su caída libre sucedió hace 4 meses.

Eso denota que algo no anda bien y que las inversiones públicas no estarían contribuyendo como debe ser al crecimiento de nuestra economía. No compensan la disminución de la actividad privada y su producción. Vamos a lanzar algunas hipótesis de lo que estaría sucediendo. Esa inversión se limita a ciertas obras públicas que no generan un cambio estructural y de productividad en la economía regional. Su mayor fuente son las regalías. Aunque no es despreciable el gasto que tiene origen en las transferencias territoriales, del Sistema General de Participaciones, recursos que la Nación concede a las entidades territoriales, departamento y municipio, tampoco los recursos propios.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, lo manifiesta en la actual edición de la Revista Semana, al justificar que la reforma constitucional al régimen de regalías busca que se hagan obras de impacto en la comunidad. “Si bien los polideportivos y canchas múltiples son importantes, se necesitan obras de gran envergadura para las regiones”, afirma.

En el Cesar se invirtieron $2.5 billones en el periodo 2012- 2018. Y nos preguntamos dónde están, buena parte de ellas contratadas por la Gobernación. Es reconocida la buena capacidad de formulación, estructuración y de gestión ante los OCAD para obtener los recursos, pero la destinación no es pertinente a la necesidad del territorio y su gente. Y en esto queremos ser claros. Aunque somos amigos de la participación de la ciudadanía observamos que no necesariamente aquella obra popular sea la más eficaz y eficiente para superar problemas estructurales de una población. Es el ejemplo clásico de una reiterada solicitud de pavimentación de calles versus la conveniencia para la sanidad, la nutrición y el medio ambiente, de un proyecto de acueducto, alcantarillado y disposición de aguas residuales. El gobernante, aturdido en medio de las solicitudes y aplausos, tiende a preferir aquella obra que se ejecuta rápido, es visible a los ojos, y ofrece votos.

El uso eficiente, tanto en su destinación como en su limpia contratación de los recursos del gobierno departamental – y de los municipios-, que en este periodo apenas impactó a la baja 3 puntos de los niveles de pobreza, dejándonos aun lejos de la media nacional, será la nuez del debate en el próximo certamen electoral.