Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, en la tarde de este viernes, decidió cobijar con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a los seis exempleados mineros acusados de obtener pensión de manera irregular mediante un millonario desfalco al sistema pensional del país, reconocido como ‘El cartel de Los Locos’ o de las pensiones.

El togado en la decisión consideró que los involucrados Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán, Giovanni Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán, Nerión Rafael Silva Mendoza y Johnny Rafael Silva Mendoza no representaban algún impedimento para que la Fiscalía 12 seccional pueda continuar con el debido proceso.

Asimismo en el juez tuvo a consideración la medida solicitada por el ente acusador que pidió que estos no fueran privados de la libertad en el marco de la investigación que lleva en su contra por presuntamente manipular documentos para alcanzar la pensión mediante incapacidades o enfermedades inexistentes.

Esto pese a que la Fiscalía 12 seccional indicó: “Falsificaron documentos para finalmente obtener una calificación de la pérdida de la capacidad laboral por encima, igual o superior a un 50 % y así poder hacerse acreedores a una pensión de invalidez, así como haber inducido al error a funcionarios públicos con el propósito de obtener decisiones en este caso de acto administrativo y haber obtenido un provecho en detrimento de las entidades”.

Según el ente acusador, en labores de inteligencia pudieron determinar que las personas que fraudulentamente tramitaban la pensión, antes de obtenerla de manera premeditada, acudían al sector financiero, copaban su capacidad de endeudamiento y compraban seguros o adquirían pólizas, para una vez alcanzado el estado de pensionado por invalidez las obligaciones dinerarias fueran asumidas por las aseguradoras.
Así las cosas, esto significa que lo que reste del pleito los implicados podrán tratar de demostrar su inocencia estando en libertad ya que no se allanaron a los cargos endilgados por la Fiscalía.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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