En los últimos días miembros de la comunidad Chiskuinya denunciaron lo que consideran un daño ambiental sobre el río Pontón, del corregimiento de Atánquez, jurisdicción Valledupar. La denuncia surgió por la presencia de una retroexcavadora que según las publicaciones estaba extrayendo material de arrastre para una obra del pozo ‘El Padre’.

El contratista que maneja las máquinas empezó en febrero el mejoramiento de la vía entre los corregimientos de Chemesquemena y Atánquez con la construcción de una placa huella financiada por la Gobernación del Cesar con el aporte de $3.660 millones.

“El contratista necesitaba sacar material para hacer la obra, entonces obtuvieron la autorización del señor Jaime Arias e hicieron una socialización con la comunidad, fue un tipo de negociación”, aseguró Lot Villazón, líder de la comunidad Chiskuinya.

La comunidad Chiskuinya nació de un sector de la comunidad kankuama que no reconoce como cabildo gobernador a Jaime Arias. Por eso, el pueblo kankuamo quedó, aparentemente, dividido en dos: uno gobernado por Jaime Arias y otro liderado por Lot Villazón.

En este caso es Lot Villazón quien asegura que bajo la autorización de Jaime Arias se destruyó una riqueza natural. “Lo que no explicaron a la comunidad fue el impacto ambiental que ocasionaría la maquinaría que usaron para extraer el material y las volquetas; y es cómo quedó la cabecera del río. Fue un impacto ambiental irreparable”, agregó Villazón.

Sin embargo, Jaime Arias, cabildo gobernador de la comunidad kankuama, aseguró que la extracción no representó daños ambientales. “Para acceder allá se sacó una arena de allí porque la comunidad de Pontón hizo una negociación con el contratista de la vía para que sacaran el material que necesitaban para la obra a cambio que el contratista les construyera la vía de acceso a Pontón”, argumentó el cabildo gobernador, quien agregó que “se puede verificar, no hubo daños ambientales”.

Al respecto, Corpocesar tiene planificada una visita a la zona, para verificar si se registraron o no daños ambientales en el pozo.

¿REPRESALIAS POR LAS DENUNCIAS?

Aunque el cabildo gobernador Jaime Arias asegura que la decisión de cerrar el balneario ‘E pasito’ por un mes obedece al cumplimiento de las órdenes de superiores para realizar un saneamiento espiritual, su opositor Lot Villazón afirmó que la decisión obedece a represalias.

“A los pocos días de presentar la denuncia, Jaime Arias como cabildo gobernador ordenó el cierre de un punto de comida donde trabaja la hija de la secretaria general de la comunidad Chiskuinya”, comentó Villazón. Para evitar el cierre, la comunidad Chiskuinya realizó un plantón en el lugar turístico. Para resolver la situación la Policía debió acercarse.

La decisión del cierre sigue vigente, sin embargo. Por ahora, la disputa no parece tener fin.

Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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