Por: Luis Elquis Diaz

El objetivo principal de la política monetaria consiste en alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable, y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia de largo plazo. Esta es la única manera de lograr un crecimiento sostenido que genere empleo y mejore el nivel de vida de la población.
Por el contrario, si la economía crece a un ritmo que no es sostenible, tarde o temprano se generará una crisis con consecuencias graves, causando deterioro de los indicadores sociales, pérdida de confianza de la población y caídas en la inversión y en el empleo.
La Junta Directiva del Banco de la República acordó que la meta de inflación para el año 2010 será la de largo plazo. En consecuencia, la meta de inflación quedo establecida en el rango comprendido entre el 2% y 4%, con un 3% como meta puntual para efectos legales. La Junta considera que las condiciones de la economía permiten que en lo sucesivo la inflación se ubique en el rango meta de largo plazo, lo cual contribuye a anclar las expectativas de inflación en dicho nivel.
Dadas estas expectativas el gerente del Banco de la Republica, José Darío Uribe, presentó en la comisión tercera del Senado la iniciativa para emprender el proceso que le quitaría al peso tres ceros en los billetes. Este proyecto en condiciones normales no debe generar impacto en el costo de vida, pues evidentemente estaremos frente a un cambio de denominación de la moneda, lo cual no implica pérdida de capacidad adquisitiva. En virtud de ello la política monetaria cumple sus propósitos de mantener la Inflación baja y estable con el fin de mejorar el bienestar de la población.
Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, disminuye la incertidumbre, incentiva la inversión, evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la población más pobre.
Por el contrario, cuando la inflación es alta una parte del tiempo de los individuos y una parte de los recursos de la economía se invierten en la búsqueda de mecanismos para defenderse de la inflación. Así por ejemplo, cuando la inflación es alta las empresas deben destinar más recursos al manejo de su portafolio para evitar pérdidas financieras. El cumplimiento de estos preceptos en la práctica es inverosímil pese a las proyecciones que indican que al finalizar el presente año la inflación estará alrededor del 3% y 4%.
El costo para el cambio de la unidad de medición se estima en 221.000 millones de pesos. Alrededor de esta cifra no sobraran discusiones, principalmente porque el aval para implementar el cambio de denominación la constituye la estabilidad en la inflación. Estas controversias son necesarias en honor a la transparencia, para que todos los actores de la sociedad reconozcan las bondades y disientan sobre la nueva unidad de medición para nuestra economía y para la población.
Los conceptos económicos ciertamente, no son comunes en los integrantes de las naciones en vías de desarrollo como la nuestra, por ello es menester realizar un proceso de divulgación antes de iniciar la impresión y circulación de los nuevos billetes y monedas; además porque el costo de quitar los ceros es bien alto, así mismo por la conducta colombiana de hacerle trampa a las novedades.
En el evento de implementarse en el país la nueva unidad de medición, también es necesario redondear los precios para evitar la continuidad de cobrar $20 pues en el país las monedas con esta denominación ya no son utilizadas.  Continuar pagando $20 con monedas de $50 sin recibir el excedente solo conduce al enriquecimiento; el país goza de estabilidad en el nivel de los precios gracias a la eficiencia de la política monetaria. Los menos optimistas pensaran que es mejor aprovechar esta coyuntura en beneficio del bienestar económico, pues de nada serviría cambiar la denominación para controlar la inflación en una nación con altos niveles de desempleo y baja en infraestructura.

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