Aunque las obras de infraestructura son una de las principales herramientas de transformación social, ambiental y económica de las regiones, también se han convertido en el principal dolor de cabeza de los entes de control. Los problemas que se detectan en las diferentes etapas de ejecución de proyectos viales, hospitalarios, educativos, entre otros, están relacionados con la corrupción; siendo que el verdadero fin de las obras es llevar bienestar a las comunidades.
Sin embargo, ayer en nuestro foro ‘Pasado, presente y futuro de la infraestructura del Cesar’, quedó en evidencia que en los temas de contratación de infraestructura, tan cuestionados debido a la corrupción, no todo está perdido.
Sin ceñirnos al orden en que se dieron las exposiciones, destacamos inicialmente la participación del representante del Ministerio de Transporte, Juan Carlos Restrepo, quien recordó que ya está garantizado el reinicio de las obras en la Ruta del Sol sector 3, con recursos del concesionaria Yuma, no con recursos del estado.
En ese sentido, coincidimos con la opinión del abogado Álvaro Durán Leal, experto en asociaciones público privadas, quien dijo que el Gobierno no solo debe sancionar a los contratistas con multas económicas, sino que también debe obligarlos a terminar las obras, porque de lo contrario los perjudicados terminan siendo los usuarios, de quienes salen los recursos y no gozan de las obras. A propósito de las APP, un ejemplo de que las asociaciones público privadas son una buena alternativa y también dejan dividendos al Estado, no solo a los inversionistas, lo presentó Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco. Solo en el 2018, en el tramo concesionado entre San Roque (Cesar) y Ciénaga (Magdalena) se movilizaron 47,53 millones de toneladas de carbón y en ese sentido la empresa planteó que se puede aprovechar más este medio para otro tipo de cargas. Entre 2006 y 2018, Fenoco ha pagado cerca de $104.000 millones en impuestos, de los cuales $18.000 millones se pagaron a los municipios de la zona de influencia.
También nos llamó la atención en gran manera que el Cesar tiene 120 mil millones de pesos, el 10 por ciento de los recursos aprobados a nivel nacional en el Sistema General de Regalías, para la vigencia 2019. Lo destacó Julián Polonía, director del Sistema General de Regalías, pero lamentable que ni el gobernador ni sus secretarios asistieron al evento para pudieran explicar cómo ha hecho el Cesar para destacarse en la presentación de proyectos que permiten jalonar los recursos de regalías que ya no llegan de manera directa.
De manera muy sensata, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, Nancio Galván, hizo un llamado a la reflexión para que haya más control en la ejecución de los recursos. Claramente explicó que no solo se trata de que lleguen recursos sino de cómo y dónde se invierten, porque a pesar de las millonarias inversiones los índices de pobreza no mejoran. En su intervención surgió el interrogante ¿En qué se está fallando si hay tantas obras?
También se habló de la esperanza que da a los ingenieros de las regiones la regulación que iniciará el próximo 1 de abril para acabar con los pliegos ‘sastre’ en la contratación pública. Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa, por lo que el reto es que a partir de esa fecha haya más pulcritud de los contratantes y de los contratistas en la planeación y desarrollo de los proyectos.
En conclusión, el panorama es prometedor porque hay millonarios recursos, tanto de públicos como de privados, para instalar, ampliar y mejorar los diversos proyectos de infraestructura en el departamento.