Infructuosos han resultado los controles y advertencias por parte de las autoridades para garantizar la implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, pues año tras año los estudiantes siguen padeciendo por mala calidad en los alimentos y falta de cobertura.

Aunque en enero la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigaciones a los entes territoriales por no iniciar el PAE acorde con el calendario escolar y también hizo una solicitud de agilizar los procesos, los retrasos siguen latentes.  

En el caso de Valledupar, han transcurrido seis semanas de clases sin los alrededor de 30 mil suplementos alimenticios diarios, proyectados con una inversión de $12.076 millones para las diferentes instituciones educativos estatales, a excepción de las ubicadas en los resguardos indígenas y las cobijadas por la Curia, que si avanzaron en el proceso de contratación con 180 días de cobertura.

A los 148 días (de 40 semanas del calendario escolar) que se pensaba contratar el pasado 26 de febrero seguirán restándole porque la administración municipal declaró desierto el proceso de licitación, que contaba con único proponente la Unión Temporal PAE Valledupar, porque una de las empresas del consorcio está inhabilitada para contratar.

Consideramos que no hay justificación para que siga fallando la planeación de este aspecto tan importante, que garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, principalmente en los planteles con jornada única.

Aunque el hecho de que no haya comida para los estudiantes no significa interrupción de las jornadas académicas, sabemos que sí se afectan los procesos de aprendizaje porque hay niños de barrios pobres que no tienen comida balanceada en casa y con hambre la capacidad de atención no es igual.

Esperamos que la opción que queda, la contratación por selección abreviada de menor cuantía, no se haga tan a las carreras. A pesar de la urgencia debe escogerse a un buen contratista, sin tacha, sin cambio de letrero, para que empiece a prestar un servicio de buena calidad antes de finalizar marzo. No se puede dilatar más la alimentación de los estudiantes más vulnerables.
No es posible que conociendo la historia la repitamos. Por las irregularidades en este programa la Contraloría reveló el año pasado que había 154 procesos de responsabilidad fiscal, que sumaban pérdidas de 84.000 millones de pesos que se dilapidaron.
En ese entonces, el contralor reveló que por los desvíos de dineros del PAE tenía investigados a cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes, pero no pasa nada. Mientras se definen los contratos siguen muchos estudiantes recibiendo clases con los platos vacíos.