Tres de los seis hombres investigados por presuntamente conformar una estructura delincuencial denominada el ‘Clan de Marquitos Figueroa’, que operaba en los departamentos del Cesar y La Guajira, solicitaron revocatoria de medida de aseguramiento ante los estrados judiciales de Valledupar.

La petición fue realizada en días anteriores por los abogados de José Miguel Torres Cataño, Tirso Segundo García Márquez y Damiler Paul Corrales Figueroa, quienes en compañía del exalcalde de Maicao, Ovidio Mejía Marulanda, Arles Johan Amaya Brito y el hijo de ‘Marquitos Figueroa’, Marco Francisco Figueroa Fonseca son acusados de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Según fuentes cercanas al caso, los juristas presentaron la diligencia con el fin que a sus protegidos les sea concedida una medida de aseguramiento domiciliaria o en el mejor de los casos una no privativa de la libertad, debido que estos actualmente se encuentran privados de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima seguridad de Valledupar, conocida coloquialmente como ‘La Tramacua’. Sin embargo, la audiencia citada para la mañana de ayer en el Palacio de Justicia donde se pretendía dar respuesta a dicha postulación fracasó porque la defensa no llevo consigo unos documentos necesarios en la diligencia, por lo que tendrá que ser reprogramada en una fecha dada por el Centro de Servicio.

ANTECEDENTES

El pasado 28 de septiembre la Fiscalía Especializada 21 de Bogotá, ante el Juzgado Especializado de esta capital, le formuló el escrito de acusación a los sindicados de aparentemente orquestar la célula criminal que operaba de la mano del considerado capo de La Guajira, Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’. Aunque la diligencia no pudo culminar ese día el despacho se abstuvo de darle nulidad a la actuación tal como la defensa lo había planteado. Asimismo los abogados de los implicados solicitaron que el juzgado se declarara impedido para llevar la investigación que según su concepto y solicitud debería estar en manos del Juzgado Especializado de Riohacha. Por lo tanto, la decisión quedó en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.