A partir del día 16 de julio, queda terminantemente prohibido el uso del mercurio en a actividad minera en Colombia, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1658 de 2013, conocida como la Ley del Mercurio y el Decreto 2133 de 2016, que así lo dispuso. Lo propio deberá darse en la industria que lo utiliza en sus procesos productivos a partir del 2023.

El mercurio es una sustancia química tóxica, líquido como el agua y brillante como la plata, supremamente nociva para la salud y dañina para el medio ambiente, afecta los pulmones de quienes están expuestos a su inhalación al evaporarse mientras se manipula, liberándolo y causando estragos neurológicos a quienes consumen pescado contaminado con mercurio.

Por ello el mercurio es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los diez productos químicos más críticos para la salud pública. Y no es para menos, dado que su afectación se extiende a toda la cadena trófica, con un impacto devastador. La mayor afectación recae sobre las mujeres embarazadas, lactantes y la niñez, pues provoca malformación del feto, así como trastornos irreversibles a temprana edad.

En Colombia se utiliza el mercurio fundamentalmente en la extracción del oro, y sirve para separar el Oro de la escoria. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, y Chocó) se concentran las mayores emisiones de este letal mineral. Esta es parte de las malas prácticas de la extracción ilícita de los minerales en Colombia, que no es menor si tenemos en cuenta que para el 2017 de una producción de 41.06 toneladas, solo el 19.93 % de ellas provino de explotaciones formales.

De allí la preocupación en el sentido que con la entrada en vigor dispuesta por la norma legal, esta sólo se aplique únicamente a la minería formal, mientras la extracción ilícita de los minerales continúe fuera del radar de las autoridades y por ello mismo fuera de control.

Según el experto en el sector minero Mauricio Cabrera “lo que ha sucedido es que el mercurio proveniente del mercado negro se ha encarecido. Antes un kilo costaba $150 mil y este momento está bordeando los $800 mil”.

Como corolario, la contundencia de la Ley en la proscripción del empleo del mercurio en Colombia dependerá de la eficacia con que se combata a las estructuras criminales ligadas a la actividad extractiva depredadora y del éxito de los programas de formalización y reconversión de la pequeña minería, tradicional y ancestral, que pulula en el país.

Por Amylkar D. Acosta M1