Oscuros actos se esconden detrás de la contaminación ambiental del relleno sanitario situado en un terreno de 120 Has, objeto de invasiones, a pesar de los olores nauseabundos traídos por los vientos que envuelven por lo menos 1.000 Has a su alrededor, lixiviados producto de desechos tóxicos bajo grandes cargas de basura contaminando aguas superficiales y subterráneas; basura proveniente de Valledupar, de uno que otro corregimiento y de 5 municipios más, manejo administrativo que nadie conoce pues se ignora cuánto cuesta su manipulación porque hasta ahora el municipio no cuenta con una estación de transferencia para el control de la clasificación, reciclaje, conversión y venta de productos para la sostenibilidad operativa.

Peor situación estamos viviendo con la laguna de oxidación que está acabando con la flora y la fauna del río Cesar y su área de influencia, porque el sistema anaeróbico no cumple su ciclo por pasar las aguas servidas crudas al río, contaminando todo lo que se le atraviese hasta su desembocadura.

Investigando esta problemática, nos encontramos que hace dos años y medio, Emdupar contrató con una empresa de servicios públicos a través de un convenio interinstitucional, dos(2) plantas de tratamiento, una de aguas residuales y otra de residuos sólidos, para solucionar urgentemente el descalabro ambiental producido por las descargas al relleno sanitario y a la laguna de oxidación, y hasta hoy, todo se ha convertido en un lío jurídico de marcadas consecuencias, donde aun interviniendo la Contraloría Municipal y la Procuraduría Provincial, no se ha podido desatar el nudo, puesto que el proceso de una acción popular ha atrasado la solución, causando tantas dilaciones que pareciera que Emdupar estuviera más interesada en oponerse a la realización del contrato que a evitar que el detrimento ambiental continúe su curso.

En contraprestación de este hecho, la regulación actual de Corpocesar ha sido totalmente nula, ya que no se conoce procedimiento alguno que acelere la descontaminación hídrica y atmosférica que causan ambas instalaciones, como tampoco existen criterios claros para acabar con esta situación tan apremiante, pues, ni el Juez de la acción popular, ni la autoridad ambiental, ni la autoridad disciplinaria, han actuado dándole prioridad a la solución definitiva al alto impacto ambiental negativo y continuo que se está produciendo, en el contexto de una gestión coordinada, eficiente, transparente y participativa, puesto que el seguimiento y evaluación de sus gestiones, no corresponde con la realidad del daño ambiental permanente que estamos presenciando.

Por Augusto Orozco