Como inadecuado e inexacto consideraron las Corporaciones Autónomas Regionales las presuntas irregularidades dadas a conocer por la Contraloría General de la República, asegurando que es “evidente la intención de descalificar y desinformar sobre las Corporaciones, con afirmaciones que empañan la buena gestión que adelantan en sus regiones”.

Aseguran que los hallazgos señalan la presunción más no la certeza de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativamente, una vez recibido el informe las CAR tienen la oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente.

En lo que corresponde a Corpocesar, donde el ente de control señala que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a los $3.000 millones, la directora encargada, Esperanza Charry Morón, dijo que “llama la atención que en dicho hallazgo se ratifica que la facturación de la entidad debe ser notificada al usuario y firmada al recibirla, desconociendo no solo la complejidad de usuarios que viven en predios rurales sino que además la norma que establece dicho requisito es el código de comercio aplicable a facturas de índole comercial, además de sustentar el hallazgo en que no se hace facturación electrónica y requisitos de pre impresión que claramente la norma no lo establece para este tipo de procedimientos, además de desconocer que se ha venido recibiendo el pago de la tasa por uso de agua que se argumenta como no cobrada e impagable y en no pocos casos se han venido adelantando acciones de cobro pre jurídico y jurídico”.