La reciente declaración de Luis Almagro sobre Nicaragua encierra hechos que dejan al gobierno como victimario de su propio pueblo. Ha dicho el secretario de la OEA que “La responsabilidad del Estado y del Gobierno es particularmente agravada, el ejercicio de la violencia por parte del mismo es inadmisible”. En la misma declaración señala que “no hay ser humano más vulnerable que aquel que es agredido por quien debe protegerlo”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos, hablan de más de doscientos sesenta muertos de la población civil, mientras que el gobierno de Daniel Ortega insiste en rebajar la cifra a apenas cincuenta. Una de las voces más fuerte es justamente la del excandidato de la oposición Edmundo Jarquín, para quien al no haber conflicto armado debe hablarse de asesinatos puesto que la fuerza policial y paramilitar ha sido quien ha reprimido la insurrección civil hasta la muerte.

Hay denuncias sobre distribución de armas por parte de Ortega a la población paramilitar, quienes son señalados como los mayores depredadores de la población. Como en cualquier tipo de insurrección de estas, los estudiantes tienen un papel protagónico y muchos han sido capturados, fueron ellos quienes iniciaron las protestas en el mes de abril por la reforma al sistema de pensiones que hizo el gobierno de Ortega. Desde entonces están en las calles en una pelea bastante desigual con las fuerzas del gobierno que ha reconocido la muerte de cuatro policías a manos de civiles, desde que empezaron las manifestaciones.

Bajo el lema “juntos somos un volcán” se convocaron las últimas protestas en días pasados, para insistir en la renuncia de Daniel Ortega, a quien consideran un dictador terrorista. El gobierno por su parte también prepara su manifestación y en ese encuentro en las calles cualquier cosa puede pasar, más si hay armas con el poder de silenciar las voces. Miren ustedes: El 22 de abril el presidente Ortega había anunciado en televisión la revocatoria a la reforma de la seguridad social, origen de las protestas, es decir cuatro días después del anuncio oficial de la misma, que había sido el 18 y que desató el primer plantón frente al INSS, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Los primeros dos muertos se registraron el 19 de ese mes. Resulta estremecedor el rumbo que ha tomado todo esto, porque la reforma, que ya está revocada, fue el click para mostrar el malestar de Nicaragua con Ortega. Un malestar que ha crecido como bola de nieve y que ha sacado lo peor del gobierno hasta develar su abierto papel de verdugo.