La Oficina estadounidense Nacional de Control de Drogas (ONDCP) reveló que el área de cultivos de coca en Colombia presentó en 2017 un crecimiento de 11% para alcanzar las 209.000 hectáreas, el mayor nivel de la historia. De inmediato, el presidente Juan Manuel Santos, anunció que Colombia reanudará las aspersiones con glifosato utilizando drones.

Greenpeace publicó en el año 2011, un informe científico mundial sobre el herbicida glifosato, donde advertía los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que provocan su utilización. Por esa razón, desde octubre de 2015, fueron suspendidas en Colombia las aspersiones aéreas. Colombia lleva más de 40 años combatiendo y sufriendo el narcotráfico, implementando estrategias sin un enfoque diferenciado entre el cultivo, el tráfico y el consumo.

Los métodos para enfrentar el cultivo de la hoja de coca, representan un alto costo económico y por el uso de herbicidas como el glifosato, efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. De otra parte, luchar contra el tráfico y el consumo requiere de la articulación de esfuerzos internacionales con los países consumidores, sobre todo, porque este fenómeno directamente involucra la demanda del negocio ilegal. Este trilema coyuntural no es responsabilidad absoluta de Colombia, ni motivo para que endurecer la presión internacional, seguir atacando el problema sin una solución integral, solamente servirá para enriquecer a las mafias, mientras Colombia padece la desertificación de sus suelos y el aplazamiento del proceso que conduzca hacia una verdadera reforma rural integral.

Recientemente, Iván Duque, presidente electo de los colombianos, estuvo reunido con Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, con quien dialogó sobre la situación actual de la implementación de los acuerdos con las FARC y los riesgos que hoy atentan contra la seguridad nacional y los derechos de las víctimas. En relación con las víctimas y el incremento de los cultivos de coca, sobresalen oportunidades por el significado de nuestra ventaja comparativa agropecuaria; por ello, es pertinente valorar lo suscrito en el punto del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral Hacia un nuevo campo colombiano.

En este punto del acuerdo están las bases para la transformación del campo, que a su vez contiene elementos estratégicos para revertir los efectos del conflicto y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país. Como país debemos cambiar el método, la aspersión con drones tripulados a baja altura o la erradicación forzosa simbolizan el fracaso. La reconversión para disminuir la cultura de lo ilícito y contrarrestar el alza de cultivos ilícitos, requiere la propulsión del acceso a los lícitos, mediante las garantías de las vías terciarias, el transporte que da acceso a los mercados y los bienes de uso público en las zonas cocaleras.

El desarrollo rural y la productividad en el uso de la tierra determinarán si el mundo es capaz de alimentar a una población estimada de ocho mil millones para el 2030, manteniendo al mismo tiempo entornos naturales en el escenario de la agricultura intensiva. Recuperar la otrora vocación agropecuaria del país, coincide con los resultados del Programa de Investigación del CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, en las que las innovaciones más prometedoras en la agricultura rural se basan en la tecnología y en los servicios, con acceso a datos, mercados y servicios financieros, para que los agricultores pueden plantar, abonar, cosechar y vender productos de manera más efectiva. Atendiendo estas buenas prácticas podríamos mitigar el riesgo de los cultivos ilícitos y al mismo tiempo el desarrollo rural como propósito y política insoslayable. @LuchoDiaz12