Cuando la fiscal de la Corte Penal Internacional la gambiana Fatou Bensouda visitó Colombia el año anterior, lo hizo con el propósito de examinar los procesos que se están adelantado acá sobre los denominados falsos positivos, homicidios de personas que hicieron pasar por guerrilleros para mostrar resultados en el combate contrainsurgente.

La reconocida fiscal se fue con una sensación agridulce, por una parte tuvo toda la colaboración del gobierno exponiéndole la forma cómo operaria el tribunal especial creado en los acuerdos de la Habana y cómo esa justicia alternativa cumpliría con las exigencias de justicia internacional, pero por otro lado la fiscalía colombiana no fue tan abierta y no suministró información precisa sobre casos puntuales que son del interés de la CPI y llamó demasiado la atención lo expresado por un miembro de la delegación de Bensouda y fue la del señor Fabricio Guariglia, director de la división de Enjuiciamiento de la Fiscalía (CPI) para quien las promesas de que se está investigando efectivamente no son útiles o simplemente no le sirve a la institución que representa.

Con la discusión sobre las modificaciones al acuerdo de paz, específicamente el punto relacionado con la JEP, reviven las advertencias sobre el inminente aterrizaje en nuestro país de la CPI de no lograrse una implementación de justicia que logre satisfacer los estándares internacionales y esto no es una simple discusión que se dirime con procesos democráticos consultando la voluntad popular, lo importante en este punto radica en establecer una solución a los militares que se encuentran involucrados en estos hechos y que gracias a la JEP muchos ya se encuentran en libertad con el compromiso ineludible de decir la verdad y es que no se puede ocultar el sol con un dedo, si existen personas beneficiadas con decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz no puede ser otra que los militares comenzando por altos mandos como el coronel Hernán Mejía, el general Rito Alejo del Rio y el general Jaime Uscátegui.

Se está jugando con fuego, pensando que volver trizas el acuerdo sepultará la responsabilidad de muchos en las masacres de esos jóvenes a quienes les prometieron trabajos y los mataron vestidos de camuflado, la fiscal Besouda no vino de visita veraniega, fue muy clara al revelar que su despacho lleva 10 años con extensas investigaciones sobre “falsos positivos” lo que implicaría que cada vez está más cerca el día en que se pueda conocer decisiones de la CPI en Colombia por cuenta de esos delitos, por lo tanto manipular los acuerdos por capricho político lo que puede provocar es que a los procesados los saquen de la JEP para empujarlos a la CPI.