Un juez federal en EE.UU California ordenó poner fin a las separaciones familiares en la frontera

La orden judicial requiere que dejen de detener a los padres y a sus hijos menores por parte de los funcionarios federales, en ausencia de una determinación de que el padre no es apto o que el padre rechaza la reunificación; reunificar a todos los padres con sus hijos menores de 5 años dentro de los 14 días tanto como a todos los padres con sus hijos menores de 5 años en un plazo de 30 días.

Además exige que le sea cedido a los padres la manera de contactar a sus hijos por teléfono dentro de los 10 días, si el padre no está en contacto con su hijo.
La orden del juez no significa que la administración Trump debe dejar de perseguir a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Sabraw explicó que dicha orden no implica la autoridad discrecional del gobierno para aplicar leyes migratorias u otras leyes penales, incluidas sus decisiones de liberar o detener a los miembros de la clase. Solo trata las circunstancias bajo las cuales el gobierno puede separar a los miembros de la clase de sus hijos, así como la reunificación de los miembros que son devueltos a la custodia de inmigración al finalizar cualquier proceso penal.

Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU dijo: “Esta decisión es una gran victoria para los padres y los niños que pensaron que nunca se volverían a ver. Caerán lagrimas en los centros de detención de todo el país cuando las familias se enteren de que se reunirán”.

La orden de Sabraw también se refiere a las separaciones familiares en la frontera, provocadas por una decisión de la administración Trump de remitir a todas las personas atrapadas que cruzan la frontera ilegalmente para su enjuiciamiento penal, como si alcanzaran “un nivel de crisis”.

El juez federal Dana Sabraw añadió: “Los medios están saturados de historias de familias inmigrantes separadas en la frontera. La gente está protestando. Los funcionarios electos están pesando. El Congreso está amenazando con acciones. Diecisiete estados han presentado una queja contra el Gobierno Federal impugnando la práctica de separación familiar”.