Detención privativa de la libertad con beneficio domiciliario recibieron siete de los últimos nueve capturados en Valledupar, Barranquilla y Santa Marta, por el millonario desfalco al sistema pensional de esta capital, luego que ayer concluyera la audiencia de medida de aseguramiento que profirió el Juzgado Segundo y con la actuación de la Fiscalía Novena.

Con prisión en sus domicilios fueron cobijados el psiquiatra, Patricio Antonio García de Caro; el abogado, Mario Alberto Alarcón Pabón; las tramitadores Sandra Patricia González Atencia y María Carolina Ovalle García; el fisiatra, Rolando José Vargas Russo y Jaime Alberto Acosta Caro, Oswaldo Díaz Rodríguez, quienes se allanaron a los cargos durante la audiencia de imputación.

A quienes no aceptaron su responsabilidad penal en la imputación, Alberto Manjarrés Álvarez y Andrés Francisco Peña Arrieta, el Juzgado se abstuvo de dictarles medida de aseguramiento, pero quedaron vinculados al proceso investigativo.

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La vista pública concluyó ayer domingo, luego de cinco días continuos en la que fueron legalizadas las capturas, les imputaron cargos.

La Fiscalía presentó en estrado varios audios de llamadas interceptadas a los celulares de cada uno de ellos en el que dialogaban sobre las maniobras a practicar para acelerar las pensiones a quienes reclutaban.

Ayer domingo, en desarrollo de las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la República habría sido aprehendido otro implicado en el Cartel de las Pensiones, en momentos en que se disponía a depositar su voto en una de las urnas de votación en el municipio de La Jagua de Ibirico.

Sin embargo, EL PILÓN conoció que el capturado fue identificado como Jorge Luis Rojano Escobar, aprehendido por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Codazzi, Cesar; por este hecho fue consultado el comandante operativo de la Policía Cesar, teniente coronel Freddy Delgado y se abstuvo de confirmar el caso, hasta tanto no sean verificadas todas las órdenes de capturas hechas efectivas durante los comicios. “No sabemos si existe o no esa captura, pero primero tenemos que estar seguro de ello, para darla conocer a la opinión pública”, aseguró el oficial.

El capturado tendría que responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude a resolución judicial y cohecho por dar u ofrecer, a través del reconocimiento de pensiones por invalidez, especialmente a empleados de multinacionales mineras.

Con la última captura, serian 19 los procesados por la defraudación millonaria al sistema pensional y a otras entidades financieras.

Por Abdel Martínez Pérez / EL PILÓN