Siete de los nueve capturados en Valledupar, Barranquilla y Santa Marta, por la millonaria defraudación del sistema pensional, se allanaron a los cargos durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento realizada ayer en esta capital; uno de ellos dijo que tenía problemas psiquiátricos, que desde hacía dos años estaba tomando medicamentos, razón por la cual no aceptó la imputación.

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Los imputados, según las investigaciones que por más de dos años que adelantó la Fiscalía de la unidad contra el patrimonio económico, certificaron a sus pacientes enfermedades psiquiátricas y físicas para adelantar el proceso de pensión de manera irregular, a través de la Junta Regional de Calificaciones de Colpensiones.

Se allanaron a los cargos de manera voluntaria: la tramitadora, Sandra Patricia González Atencia; el psiquiatra, Patricio Antonio García de Caro; el abogado, Mario Alberto Alarcón Pabón; el fisiatra, Rolando José Vargas Russo, Jaime Alberto Acosta Caro, Oswaldo Díaz Rodríguez y la tramitadora y estudiante de Derecho, María Carolina Ovalle García.

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Estas personas fueron sindicadas por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y fraude a resolución judicial. Entre tanto, Alberto Manjarrés Álvarez, trabajador de una multinacional, sindicado del delito de tráfico de influencias en un particular, señaló en estrado que no eran claras las imputaciones que la Fiscalía le estaba endilgando, por eso no aceptaba los cargos. Finalmente, Andrés Francisco Peña Arrieta, fue el último en mostrarse en desacuerdo con la imputación que le hizo el ente acusador.

Durante la vista pública que ayer cumplió su segundo día, la Fiscalía insistió que los imputados al parecer hacen parte de una organización que supuesta mente se dedicaban a la expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados, para que obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, para jubilar a quienes reclutaban.

En las diligencias de imputación de cargos, la Fiscalía esgrimió los elementos materiales probatorios y pruebas testimoniales de las grabaciones de cada uno de ellos obtenidas de sus teléfonos que fueron interceptados previa autorización judicial, que le permitió individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que superaría los $90 mil millones. El fiscal William García dialogó con los medios de comunicación en uno de los recesos de la audiencia que se desarrollaba y dijo que vendrían nuevas capturas y que los dineros del desfalco podrían ser recuperados.

Entre tanto, un vocero de la Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, se refirió sobre el caso y anunció que serían entre 40 o 50 personas más que estarán en los estrados judiciales por el mismo hecho. Uno de los abogados de la defensa preciso que sus clientes se allanaron a los cargos por las pruebas contundentes que tenía el entre acusador y que la pena a cumplir sería de cinco años, pero por haberse allanado se reduciría a la mitad.

Por Abdel Martínez Pérez / EL PILÓN
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