El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar sentenció a 40 años de prisión a Guillermo Garavito Valdemar, conocido con el alias de ‘El Chamo’, por los delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo agravado.
Esta persona fue hallada responsable de la desaparición y posterior asesinato de Edinson García Pertuz, quien fue sacado de su residencia, ubicada en el barrio Doce de Octubre, de Valledupar, y días después fue encontrado muerto en una trocha.
De acuerdo con el expediente, el 30 de abril de 2003, Guillermo Garavito, alias ‘El Chamo’, llegó a la residencia de la víctima para que le respondiera por el camión de su propiedad  que días atrás había sido robado. Fue así como lo montó en un carro y se lo llevó  con rumbo desconocido; pasaron las horas y García Pertuz no aparecía, por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda intensiva por toda la ciudad, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.
Así mismo, el expediente cita que los familiares contactaron a Guillermo Garavito y ofrecieron pagarle los seis millones de pesos en los que más o menos estaba avaluado el camión, con tal que les informara sobre el paradero de su ser querido, pero dicha negociación nunca se llevó a cabo.
El tres de mayo del mismo año, el cadáver de Edinson García Pertuz fue encontrado con dos impactos de bala en la cabeza en la trocha ‘Peregüetano’, ubicada en la vía que del municipio de San Diego conduce al corregimiento de Media Luna.
También fue vinculado al proceso Habid Alfonso Ochoa Plata, de 33 años, quien presuntamente era quien conducía el vehículo en el cual fue desaparecido García Pertuz, por lo que fue capturado tres meses después de ocurridos los hechos en la ciudad de Bucaramanga.
Sin embargo, la sentencia proferida por decisión del juez Único Penal del Circuito Especializado, Néstor Humberto Primera, lo absuelve de los delitos imputados por el crimen en mención.
Además de los cuarenta años de prisión, a Guillermo Garavito Valdemar le fue impuesta una multa de cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura y una indemnización de 150 millones de pesos a los herederos de la víctima, por perjuicios morales.