Uno de los aspectos novedosos de la Constitución de 1991, fue el de consagrar entre los derechos fundamentales, el de acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, norma ésta en la cual, además, en forma precisa y de manera indiscutible, expresó el constituyente que ‘la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad,’ por eso a continuación la Constitución Política le ordena a las autoridades del Estado promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Lo que no dice la Corte Constitucional, es que el folclor tenga poder preferencial así promueva el turismo, ante la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones y que por estar inmersa la ciudad en interminables fiestas, las administraciones municipales motiven duraderas resacas que rayan en el bajo rendimiento de trabajo de los funcionarios y servidores públicos. La obligación de atender las solicitudes apremiantes de los ciudadanos, no es involucrarlos en continuas parrandas, sino envolverlos en el emprendiendo de acciones transcendentales, para que perduren en el tiempo, así como el folclor y que tengan que ver con la planificación y seguimiento permanente de los niveles de la educación, salud y prestación de los servicios públicos en todo su territorio.

No basta la inversión de 100 mil millones de pesos en parques y establecimientos deportivos, cuando la región adolece de la recuperación del espacio público, que está quebrando las pequeñas y medianas empresas con las ventas ambulantes y estacionarias sin ningún control, cuando los corregimientos están sin agua y sin alcantarillado, barrios enteros inundados especialmente en épocas de festival, que es el ciclo más lluvioso, porque hace más de 8 años no se construye un colector pluvial distinto al canal del barrio Panamá, que entre otras cosas ha sido mal construido y exageradamente costoso.

Entonces, está bien promover la cultura, el folclor y el turismo, esenciales para el desarrollo del municipio, pero teniendo siempre presente el cumplimiento de otros derechos fundamentales y colectivos que entre otras cosas, ni los jueces han logrado que se cumplan, pues nos encontramos con Administraciones que tienen objetivos distintos de los intereses comunales y no es posible que nos cueste tanto reclamar nuestros derechos, que nos cueste tanto cuestionar la falta de eficacia de nuestros dirigentes y que nos cueste tanto demandarlos ente los órganos de control.