Algo sobre

Por: José Romero Churio

A pesar del gran revuelo nacional que ha ocasionado la anunciada modificación de la distribución del recaudo financiero por la explotación de los recursos naturales del país. En el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, se dispuso radicar lo más pronto posible en el Congreso para su aprobación, el Proyecto del Acto Legislativo que reforma la Ley de Regalías. Mediante el cual, entre otras disposiciones, deja su manejo al ejecutivo superior.
Al parecer el texto del proyecto en mención se mantiene muy oculto, ya que no fue posible encontrarlo publicado. Pero al respecto, el Presidente Santos ha declarado que se trata de hacer más eficaz, transparente y bien distribuido el gasto regional, y su ministro del Interior y de Justicia asegura que garantiza el desarrollo de las regiones, que ha sido precario con la norma vigente.

En cambio, los mandatarios y legisladores de las regiones cuyos subsuelos producen regalías, opinan lo contrario. El inconformismo de ellos es generalizado porque piensan que la reforma es para sanear el déficit fiscal del país que expone al fracaso programas del gobierno que  comenzó el 7 de agosto.
Algunos  opositores son más enérgicos con el Gobierno Central, pues le censuran querer manejar el recurso de las regalías desde Bogotá, con la argumentación de que la corrupción es sólo en las regiones, además de otros fuertes reproches y reclamos en procura de seguir recibiendo el beneficio de las riquezas naturales de sus territorios sin compartirlo con los que tienen mejores condiciones de vida.
Considero que tal disputa pone a prueba qué tan preparado está el presidente Santos para gobernar a Colombia, que según su Constitución Política es un Estado Social de Derecho, cuya real verdad es que padece los ataques terroristas de una guerrilla carente de ideal y sentido político desde hace muchos años. En donde pulula la impunidad, la inequidad, la desigualdad y todas sus consecuencias como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para vivir con decoro.
Esperemos a ver como sale el presidente Santos de esta discordia que, de veras, pone en vilo  su política de unidad nacional que tiene el propósito de lograr prosperidad en todo el país. Pero conociéndose el motor que mueve a la mayoría de nuestra dirigencia política, no cabe duda que le toque repartir prebendas a las que son proclives los politiqueros asentados en el Congreso.
Como al presidente Santos todavía le quedan muchos cargos de alta y mediana importancia por remplazar, no debemos ignorar que muchos miembros del Congreso están a la espera de ofertas para cambiar sus votos por puestos y aún quedan muchos a los que les pueden sacar provecho pecuniario que son los preferidos por nuestros legisladores.
Creo que el presidente Santos está a tiempo de no cometer escándalos  como su antecesor. Tanto es así, que en algunos casos ante la enorme cantidad de pruebas, aunque sean negadas en los estrados judiciales, hay algunas tan evidentes que no las pueden esconder, por esto el Ministerio Público acaba de ordenar la destitución de Sabas Pretelt de la Vega  de la Embajada italiana y lo inhabilita durante 12 años para ejercer cargos públicos, porque cuando  se desempeñó como ministro del Interior y Justicia del gobierno anterior, le concedió una Notaría en Bogotá al Representante Teodolindo Avendaño para que se ausentara del Congreso en el momento de la votación para la aprobación de la reelección presidencial inmediata, quien a su vez la vendió a un tercero por más de 400 millones de pesos.
De los múltiples procesos por “inmoralidad política” (que uno de los asesores del anterior Presidente para alimentar el ego de su jefe  denomina “inteligencia superior”), ante testimonios irrefutables, la rama judicial seguirá emitiendo fallos condenatorios contra funcionarios de los dos cuatrienios recién pasados.  De estos sabrá cuidarse el actual Presidente que aunque con talante diferente también anda con la ambición de su reelección inmediata que ya es legal.