Diez destacados y reconocidos profesionales, entre médicos, psicólogos y abogados, que se habrían prestado para desfalcar el sistema pensional, por más de 100 mil millones de pesos, fueron capturados en la mañana de ayer, en una operación simultánea, por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.

Según un comunicado de prensa dado a conocer por la Fiscalía, identificaron a un grupo de dos abogados, seis médicos, una psicóloga y dos intermediarios, encargados de defraudar al sistema pensional; estos últimos ofrecían servicios para adelantar pensiones.

De acuerdo con el ente acusador, en estas maniobras fraudulentas resultaron afectados Colpensiones y fondos privados, a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.

Sostiene la Fiscalía, que con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de esto, hoy hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por esta maniobra fraudulenta.

Estimó, el ente investigador que, una sola persona ha defraudado a la administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90 mil millones de pesos, sólo en Valledupar.

Hurto a los bancos

Agregó que, el objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales, sino que alcanzaba al sistema financiero. Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.

Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos, sostuvo la Fiscalía.

¿Quiénes son los capturados?

Los operativos comenzaron a las 4:00 de la mañana de ayer lunes, dando como resultado la captura de cuatro integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar y otras 6 personas así, los médicos integrante de la junta: Eduardo Urbano Marrugo Castrellón y Carlos Arturo Montero Araujo; el abogado, Mariano de Jesús Amaris Consuegra y la sicóloga, Yamile de Jesús Pérez Domínguez. También detuvieron al médico psiquiatra, Manuel de Jesús Altamar Colón; al médico y abogado, Gilmar Silvero Linero; el abogado Emiliani Said Baines Ferrer, a la médico Teresa de Jesús de la Hoz Solano, y a los intermediarios, José Miguel Meléndez Vega y Jean Carlos Miranda Isaza.

Estos profesionales, afirmó la Fiscalía, serán puestos a disposición de jueces de control de garantías en Valledupar, Barranquilla y Riohacha, para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
De igual forma se conoció que los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las siguientes empresas carboneras: Drummond, Prodeco y Cerrejón. La Fiscalía también adelantó 17 allanamientos a oficinas, establecimientos comerciales y viviendas en Valledupar, Barranquilla y Riohacha, con el objetivo de lograr las capturas y obtener evidencia para la investigación.

“Fue un trabajo de Colpensiones”

El vicepresidente de seguridad y riesgos empresariales de Colpesiones, Dagoberto José Ortega, se pronunció sobre estas capturas realizadas ayer lunes en Valledupar y otras ciudades de la región Caribe, precisando que este resultado de la Fiscalía obedeció a un trabajo que adelantó Colpensiones hace más de un año.

En esta investigación se incluyen otros fondos privados que también resultaron afectados con esa maniobra fraudulenta, en el que Colpensiones ha liderado la tarea de verificación de la información que dio lugar a la captura de las diez personas. “Esto, indicó, por tratarse de una modalidad que está afectando a todo el sistema pensional, especialmente en temas asociados a reconocimiento de pensiones de invalides a través de documentos falsos emitidos por médicos que se prestaron para esa maniobra”.

Según el funcionario, hay un grupo de unas 500 personas que se están verificando en Valledupar y otras ciudades de esta zona del país, quienes eran abordadas por este grupo para ofrecerles el reconocimiento de una pensión de invalides. “Adicional a esto, se servían de las opiniones de médicos que demostraban patologías psiquiátricas, que por supuesto no tenían estas personas. Esta organización, tomaba seguros y obtenían créditos de entidades financieras, para que con el reconocimiento de la pérdida de capacidad laboral, estas empresas aseguradoras e instituciones financieras, salieran a pagar por los bienes adquiridos”.

Sostuvo que dentro de las investigaciones hechas, lo que encontraron fue una maniobra muy bien montada en los que fueron utilizados documentos auténticos en el que reportaban enfermedades que no sufrían los pacientes. La entidad a través de sus abogados explicó que están realizando las averiguaciones, para recuperar el patrimonio afectado, cuya cifra global que están manejando asciende a unos 100 mil millones de pesos, que afectó no solamente al sistema pensional, sino al sistema financiero entre las entidades aseguradoras e instituciones financieras de créditos. “Estamos analizando documentos con otras empresas, para tratar de identificar a otros autores, para recuperar esos dineros que fueron desviados. Por parte de Colpensiones, las directivas están verificando las cifras afectadas por esta organización dedicada a esos actos fraudulentos. En la mañana de ayer, familiares, amigos y curiosos se acercaron a la sede del CTI sorprendidos con la información que se dio a conocer en los medios de comunicación, para darle apoyo moral a los profesionales vinculados al proceso.

Abdel Martínez Pérez/ EL PILÓN