La lucha jurídica de los miembros activos del Consejo de Oficiales con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, capitán Óscar Lúquez Alvarado, está a punto de cerrarse.

Desde 2016, cuando a Lúquez Alvarado lo denunciaron ante la Contraloría Municipal por presuntas irregularidades en manejos de dineros en el interior del organismo de socorro, a la fecha han sido varios los encuentros jurídicos que se han dado.

El capitán Óscar Lúquez fue retirado del cargo por la Secretaría de Gobierno Departamental el 20 de junio de 2016, pero días después fue reintegrado por la misma dependencia, a través de la resolución 002647 del 25 de julio. La acción se generó porque Lúquez Alvarado interpuso un recurso de reposición contra la primera decisión que lo retiraba del cargo, debido a que a la sectorial de la Gobernación del Cesar le corresponde inscribir la nueva junta presentada por el Consejo de Oficiales.

En días anteriores, el Consejo de Oficiales volvió a relegar a Óscar Lúquez de la comandancia y designó al abogado Eduardo Dangond Castro, orden que solamente tendrá validez cuando sea avalada por la Secretaría de Gobierno Departamental, que en primera instancia aceptó la propuesta en atención a un documento enviado desde la secretaría general del Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos, en el que se argumentan las pruebas y soportes de las razones de los cambios.

Lúquez Alvarado apeló nuevamente y ahora, a diferencia de 2016, la Secretaría de Gobierno dejó en firme la resolución y no aceptó el recurso de reposición, dejando así en firme la inscripción de Eduardo Dangond Castro como comandante, igualmente los relevos en las demás posiciones como: Darío Mejía, subcomandante; Juan Felipe Bermúdez, presidente del Consejo de Oficiales; y el nuevo vicepresidente, Humberto Manuel Olivella Baquero.

Ahora falta una última instancia que recae exclusivamente en manos del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita. Esa tiene que ver con un subsidio de apelación al que tiene derecho Óscar Lúquez, luego de que el recurso de reposición quedara sin validez ante la Secretaría de Gobierno, que dio traslado para que el despacho Ovalle Angarita fije la posición final y esa será la última palabra del proceso.

Por Carlos Mario Jiménez
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