Un fallo de primera instancia del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá ordenó que los excongresistas y exgobernadores que fueron condenados por parapolítica, deben devolver al Estado los salarios que devengaron y el dinero que recibieron por reposición de votos. Los partidos que los avalaron en ese momento tendrán que respaldar con su patrimonio por haberles dado el aval a estas personas para participar en la contienda electoral, y tendrán que reintegrar parte de los dineros que recibieron en 2002 y 2006 del Fondo de Financiación de Campañas para su funcionamiento.

En esta lista aparecen dos excongresitas cesarenses y un exgobernador: Álvaro Araujo Castro, Mauricio Pimiento y Hernando Molina Araujo. A ellos se suman 47 nombres más que al parecer hicieron pactos con las autodefensas para asegurar su triunfo en cargos de elección popular.
Esto políticos fueron avalados por Cambio Radical, Partido Liberal, Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, Colombia Viva, Movimiento de Integración Popular y Movimiento Renovador de Acción Social. Algunos de éstos ya no existen.

Frente a esto, aún no se tiene claro cuánto dinero se podría recuperar. Para el caso de los cesarenses, Araujo Castro, avalado por Alas Equipo Colombia y que obtuvo 77.916 votos, multiplicados por $ 5.642 que es lo que este año se repondrá por cada sufragio, tendría que devolver $ 439 millones 602 mil, solo en reposición.

Mientras que Pimiento que obtuvo 47.027 votos al senado por el Partido de la U, tendría que devolver $ 265 millones 326 mil. Por su parte, en el caso del exgobernador Molina Araujo, su partido Liberal deberá devolver $ 789 millones 880 mil. Esto sin tener en cuenta el salario devengado por estos.

El fallo de primera instancia es el resultado de dos acciones populares que se presentaron ante los juzgados administrativos de Bogotá en 2008 y que buscaban la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. En los recursos, los promotores de las acciones pidieron vincular al Consejo Nacional Electoral, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos, a la Procuraduría, a la Registraduría, al Ministerio de Hacienda y a todos los partidos que avalaron congresistas condenados por parapolítica.

En el fallo, le piden al Consejo Nacional Electoral buscar la forma para recuperar los recursos que se les giraron a los candidatos y a los partidos, tras las elecciones que ganaron con ayuda de los paramilitares y se ordena al Congreso de la República iniciar los procesos para que los sentenciados devuelvan el dinero que recibieron como salario.

Para verificar el cumplimiento de esta sentencia, el juez ordenó la creación de un comité integrado por un delegado del Consejo Nacional Electoral, del Congreso de la República, Procuraduría, Registraduría y otro de la Defensoría del Pueblo.